El Parlamento andaluz aprueba recurrir ante el Alto Tribunal la reforma del régimen local de Montoro
Castro considera que el “lado oscuro” que representa el PP “tiene secuestrada a una FAMP incapaz de pronunciarse sobre la reforma local”

Reunido en sesión extraordinaria, el Pleno del Parlamento ha aprobado recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que impulsa el Ministerio de Hacienda y Administración Pública. Lo hace después de que el gobierno andaluz aprobara ayer hacer lo mismo pues, como indicara ayer el vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Administración Local, Diego Valderas, Andalucía pretende "plantar cara" a una norma con la que el Ejecutivo nacional busca "más tutelaje y menos democracia e intentar anular las competencias exclusivas sobre régimen local recogidas en el Estatuto de Autonomía”.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del Grupo parlamentario de IULV-CA en el debate celebrado hoy en el Parlamento centrando la crítica sobre la pretensión privatizadora de Montoro con la norma. José Antonio Castro ha considerado además que la reforma que pretende el ministro “colisiona con la realidad diversa del ordenamiento jurídico autonómico” lo que, a juicio del portavoz de IU, la hace inaplicable en la práctica en diferentes comunidades autónomas.

Ha calificado la reforma de “invasiva, que no genera ahorros y es injusta” y que “solo responde a un objetivo: contentar a las autoridades europeas que exigieron a España en el memorando firmado por el Gobierno del PP y las autoridades europeas”.

Además de la cuestión estatutaria, Castro ha aludido a la Carta Europea de Autonomía Local que asegura a los municipios “plena libertad para asumir sus competencias” y a la Constitución Española, concretamente a los artículos 140 y 141 que “garantizan y protegen” la existencia de municipios y provincias, garantizando su autonomía, atribuyendo a sus órganos las funciones de gobierno y administración a través de sus alcaldes y concejales.

En base a estos principios constitucionales y al rango de Ley Orgánica que supone el Estatuto de Autonomía andaluz, Castro ha considerado la pertinencia de que el Tribunal Constitucional se pronuncie contra esta reforma.

“El motor de la reforma no son las competencias sino los servicios públicos” ha considerado Castro y ha advertido que se pretende “menos democracia y privatización de los servicios públicos”, empoderando a las Diputaciones provinciales, “en manos del PP” para desmantelar la red local de servicios de proximidad a la ciudadanía. “Sabemos que eso es lo que pretenden y por lo que han apostado en la legislatura” ha finalizado Castro.