El compañero de IU y concejal portavoz de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Málaga, Eduardo Zorrilla, ha pedido mediante conversación telefónica al alcalde que “tenga un papel activo y medie ante las empresas concesionarias municipales y la consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para que no presenten ni autoricen ningún ERTE en todos aquellos casos en los que no exista acuerdo con los sindicatos y la viabilidad económica de la adjudicación no esté vinculada a ingresos externos más allá de las aportaciones del Ayuntamiento”.

La postura de Adelante contempla como único supuesto en el que cabría la interposición de un ERTE cuando éste venga pactado con los sindicatos y suponga una garantía de derechos para los trabajadores. Las peticiones al Ayuntamiento se sustentan sobre tres premisas básicas: “que no planteé ningún ERTE, ni a los trabajadores municipales, ni a los de las empresas u organismos autónomos. Que medie ante las empresas y la consejería de Empleo para que no se presenten ni acepten ERTEs cuando la viabilidad económica esté asegurada con los pagos del Ayuntamiento y una tercera medida activa, a través del ofrecimiento a las adjudicatarias de que reclamen el derecho de indemnización, una posibilidad legal que contempla el pago exclusivo de los costes salariares del período de cese o reducción obligada de la actividad. En esta opción, el pago sería a posteriori, tras restablecerse el servicio”.

Por todo ello, la concejala portavoz adjunta de Adelante, Paqui Macías, rechaza frontalmente ERTEs como el del SMASSA, “que cuenta con beneficios millonarios y que tiene la oposición plena de los sindicatos, con los que no se ha contado. Todo apunta a que se debe a una imposición de los socios privados y, por ello, señalamos al equipo de gobierno y a la empresas promotoras como responsables. Este es un claro ejemplo de lo que no debe hacer ni permitir el equipo de gobierno. Igual que no tiene sentido autorizar ERTEs como los que pueden afectar a auxiliares de aparcamientos, informadores de museos, personal de polideportivos, vigilantes, servicios de limpieza y otro personal de subcontratas que están cubiertas con las cuantías que paga el Ayuntamiento según los contratos vigentes, se trataría trata de abusos empresariales”.

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