Izquierda Unida en Huelva valora “muy positivamente” el acuerdo alcanzado la pasada semana entre los agentes sociales y el gobierno de coalición para prorrogar los Ertes hasta, al menos, el próximo 30 de junio. En la provincia de Huelva que se han presentado, hasta finales de abril, más de 3.700 solicitudes de Ertes que afectan a más de 65.000 trabajadoras y trabajadores, lo que supone un importe en salarios por encima de los 45 millones de euros.

El Coordinador Provincial de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, valora que esta medida del escudo social del Gobierno de coalición es “imprescindible” para Huelva, “ya que la economía de nuestra provincia se basa en sectores que han sido duramente afectados por la crisis sanitaria, económica y social por estar fuertemente precarizados y que necesitan de políticas públicas que como éstas, en las las que hay que seguir profundizando, para que nadie se quede en la cuneta”.

Sánchez Rufo añade que “para IU Huelva supone un orgullo la gran labor de nuestra compañera, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en defensa de la clase trabajadora, al haber impulsado estas medidas del escudo social en el Gobierno de coalición”.

Al respecto, Sánchez Rufo señala que este modelo de salida a la crisis contrasta con el impuesto en 2012 por el Partido Popular, que a día de hoy sigue defendiendo el despido libre y abandonar a su suerte a las pequeñas y medianas empresas para negarles a las trabajadoras y trabajadores afectados que tengan oportunidades para salir adelante. En aquel gobierno destacaba la “perniciosa” actividad de aquella ministra del paro del PP, que se ensañaba a diario contra las trabajadoras y trabajadores para después esconderse tras sus devociones.

Las condiciones de las medidas del escudo social permiten que las empresas mantengan los empleos de las personas acogidas al ERTE durante los seis meses posteriores a la reanudación de la actividad. Además el acuerdo de prolongación contempla que se mantengan las mismas condiciones laborales que tenían antes. Esto supone que no se consuman las prestaciones por desempleo y se siguen beneficiando las personas que por no haber cotizado lo suficiente en condiciones normales no hubieran podido acceder a estos Ertes.

Además, Sánchez Rufo quiere destacar que se excluyan de las ayudas a aquellas empresas tan poco patriotas que tienen su domicilio fiscal en paraísos fiscales.