En España, la tasa de escolarización en el primer ciclo de educación infantil era del 36 % en el curso 2020-2021, según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Aunque en Andalucía esta tasa es más alta, afecta de manera desigual a las familias según su renta.

Como defienden economistas, educadores, expertos en equidad, u ONGs como Save the Children, la educación infantil 0 a 3 años es la “etapa educativa más igualadora", por su papel equiparador de oportunidades y el efecto positivo que tiene sobre el recorte del fracaso y el abandono escolar.

Esta educación contribuye a eliminar desigualdades, a mejorar la salud y la trayectoria académica de los niños y facilita la participación de padres y sobre todo de madres en el mercado de trabajo

Las familias españolas asumen una buena parte del coste de esta educación, (más del 40 %, cuando la media europea está en el 25 %), lo que penaliza a aquellas con menos recursos y hace que una mayoría de los pequeños escolarizados entre los 0 y los 3 años pertenezcan a clases medias y altas. Para los niños y niñas de las familias más vulnerables, el papel de estos centros es vital. Su intervención en la reducción de la pobreza se manifiesta cubriendo necesidades básicas de los pequeños, como la alimentación y el acceso a juguetes; y además, mientras el niño está en el centro, los padres pueden trabajar.

Por todo ello, entre los acuerdos de la coalición de Gobierno (PSOE - Unidas Podemos) está el pacto para impulsar la inversión en la etapa educativa 0 a 3 años. Concretada en la creación de plazas escolares públicas que garanticen la posibilidad de escolarizar al 100% de los niños y niñas de esta edad, con gratuidad y calidad.

Como consecuencia de estos acuerdos el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de 65.382 plazas públicas y gratuitas de aquí a 2023, para lo que destinará una inversión de 670 millones de euros en los próximos presupuestos.

Esta es una medida de marcado carácter social, por su mayor incidencia en las familias trabajadoras con menos recursos. Ya que, sólo cuatro de cada diez niños menores de 3 años accede en España al primer ciclo de Educación Infantil, una etapa educativa determinante, pero marcada por la desigualdad y aún muy lejos de la universalización.

Pues bien, la posición del gobierno de la Junta de Andalucía que bien plantea renunciar a esta partida presupuestaria millonaria, o bien desviarla a concertar las plazas con guarderías y escuelas privadas ya existentes, es un nuevo paso más en el camino de desmantelamiento de los servicios públicos. Ese modelo "externalizado" o privatizado de los servicios públicos que defienden PP, Cs y Vox para nuestra Educación.

No es cierto que la creación de plazas públicas suponga la destrucción de empleo o el cierre de empresas. Muy al contrario, los centros públicos ofrecen empleos de calidad frente a la precariedad y los bajos salarios de muchas empresas privadas. Por otra parte, como se lleva demostrando con gran éxito en muchas ocasiones, la publificación de centros educativos privados y su integración en la red pública, es una vía posible que dejaría ese riesgo en el que se justifican los responsables de la Junta, totalmente anulado.

Por otro lado los centros públicos se construyen allí donde son necesarios. Núcleos rurales, barrios de trabajadores y trabajadoras, donde habitualmente la oferta existente es menor. Sencillamente porque la Escuela pública no busca el beneficio económico sino el social.

Desde Izquierda Unida y en Unidas Podemos, seguiremos trabajando para conseguir un modelo de educación, en todos los niveles, público, gratuito y de calidad.