Izquierda Unida ha responsabilizado directamente al alcalde, Germán Beardo, de la situación que atraviesan los chiringuitos de Puerto Sherry después de que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz haya rechazado la continuidad de su actividad más allá del próximo 7 de julio por carecer, según ha trascendido, del amparo jurídico necesario y de que la Fiscalía haya trasladado al Juzgado actuaciones relacionadas con la tramitación de las licencias y autorizaciones.

Para el portavoz municipal de Izquierda Unida, José Luis Bueno, "lo que está ocurriendo no es fruto de la casualidad, sino la consecuencia de una forma de gobernar basada en la improvisación, los privilegios y la ausencia de control".

"Durante años hemos denunciado que en Puerto Sherry se estaba actuando con un trato de favor que nada tenía que ver con el interés general. Se nos acusó de exagerar, pero hoy vemos cómo todas aquellas advertencias sobre los amiguismos, los chanchullos y la falta de transparencia están teniendo unas consecuencias que perjudican a la ciudad, a los vecinos y a la imagen de El Puerto", ha afirmado Bueno.

Desde IU recuerdan que la polémica alrededor de estos establecimientos no es nueva. Los vecinos llevan años denunciando las molestias derivadas de la actividad desarrollada en la zona, con problemas de ruido, aglomeraciones, botellones en los pinares, acumulación de residuos y una evidente degradación de la convivencia, sin que el Gobierno de Beardo haya sido capaz de ofrecer una solución.

"El problema nunca ha sido la hostelería ni la actividad económica. El problema es creer que hay negocios que pueden funcionar al margen de las normas mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado. Las reglas deben ser iguales para todo el mundo y quien gobierna tiene la obligación de hacerlas cumplir", ha señalado el portavoz de la formación.

Izquierda Unida considera especialmente grave que el Ayuntamiento pretenda desentenderse de un asunto que afecta directamente a sus competencias. Aunque la autorización sobre el dominio portuario corresponda a la Autoridad Portuaria, el Consistorio mantiene intactas sus obligaciones en materia de licencias municipales, disciplina urbanística, inspección, control de actividades, ruidos y protección de la convivencia.

"Beardo no puede esconderse detrás de otras administraciones. Si fue su Gobierno quien concedió licencias que ahora están siendo cuestionadas, tendrá que explicar por qué lo hizo y asumir las responsabilidades políticas que correspondan. No vale ponerse de perfil cuando el problema lleva años gestándose", ha manifestado Bueno.

Por ello, Izquierda Unida llevará este asunto al Pleno del próximo viernes porque “no vamos a permitir que, una vez más, se gobierne en función de intereses particulares mientras los vecinos soportan las consecuencias. El Puerto necesita seguridad jurídica, transparencia y una administración que trate a todos por igual. Todo lo contrario de lo que ha ocurrido en este asunto", ha concluido José Luis Bueno.