La red de Educación de Izquierda Unida Andalucía ha hecho público un comunicado en el que rechaza la ampliación de seis nuevas unidades de bachillerato concertadas con centros privados. Como en ocasiones anteriores, IU rechaza una medida que no responde a ninguna necesidad social real de escolarización que pudiera justificar esta medida.
Desde el año 1985 en el que el objetivo de la universalización de la escolarización y la falta de centros de titularidad pública, justificó la creación del Real Decreto 2377/1985 que regulaba el régimen de conciertos, la realidad se ha transformado. Hoy la red pública se ha ampliado enormemente, y el cambio demográfico ha provocado que, sólo en los últimos cuatro años 70.000 alumnos y alumnas menos pueblen las aulas andaluzas.

Nunca fue necesario concertar unidades postobligatorias, es decir, de bachillerato, en Andalucía. Lo denunciamos en el pasado, cuando los gobiernos del PSOE concertaron más de 260 unidades en esta etapa, y lo volvemos a repetir ahora. Se trata de una decisión completamente arbitraria e injustificable.

Un gobierno que actúe con visión de futuro debiera plantearse medidas para afrontar el descenso del alumnado y la necesaria denuncia de unos conciertos que cada vez son menos necesarios, para que las medidas a tomar sean lo menos traumáticas posibles para trabajadores y empresas. Por otro lado, la rebaja de ratio, tan ampliamente demandada, permitiría el mantenimiento de unidades de la red pública, al mismo tiempo que favorecería la atención personalizada del alumnado, mejorando la calidad y caminando hacia una escuela más inclusiva.

El otro camino, la ampliación de conciertos anunciada por la consejera, suponen un ataque a la red pública de centros, la única garante del derecho efectivo a la educación para el conjunto de la ciudadanía andaluza. La financiación pública de centros privados, a través de la concertación educativa ha sido y es actualmente el mayor factor de segregación educativa de este país. La actual financiación pública de una doble red educativa (públicos y concertados) conduce al desmantelamiento del modelo de escuela pública, como un proyecto solidario de vertebración social, porque el dinero público que la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, desviará a esas empresas privadas, se detrae de la red pública, infrafinanciándola y restándola calidad, de manera que así destinamos nuestros impuestos a seguir alimentando la segregación.

Para Izquierda Unida el modelo de educación debe estar comprometido con el bien común, buscar la mejora de todas las escuelas públicas, en vez de incitar a las familias a elegir y competir, como si fueran clientes en busca de oportunidades competitivas. Un modelo que garantice el derecho esencial y básico de todos los niños y niñas a una educación pública y gratuita, a la vez que preserva los fines sociales de la educación, la cohesión social y la convivencia plural, en vez de la competición. En definitiva, el modelo que representa la Escuela pública andaluza que nuestros gobernantes tienen el deber de cuidar y mejorar.