Seguimos afirmando que El Personal Técnico en Integración Social (PTIS), realizan un servicio estructural y que son trabajadoras esenciales, por lo que deben ser personal propio de la consejería de Educación y no pueden externalizarse. Este es el origen de la precarización que sufre este colectivo.

Derechos como el complemento de antigüedad, el pago con carácter retroactivo de los atrasos generados por la actualización de las tablas salariales o la falta de garantía sobre el pago de los períodos vacacionales del próximo verano, están ahora mismo en el aire. En cuanto que la empresa adjudicataria del servicio en la provincia de Cádiz, SAMU, no se hace cargo de satisfacer estos derechos. 

Estas son las consecuencias de la privatización de los servicios públicos esenciales, política que ya emprendieron los gobiernos liderados por el PSOE y amenaza con profundizar el actual gobierno del PP de Moreno Bonilla. 

Reiteramos y denunciamos de nuevo, que esta externalización no respeta la LEA, la Ley Andaluza de Educación, en tanto que esta no considera la labor del colectivo PTIS e ILSE como complementario, y por tanto es un servicio esencial "no privatizable".