La diputada de Izquierda Unida Mari Carmen Pérez, ha mantenido una reunión con Leandro Mercado, Decano del Colegio de abogados de Granada, con el objeto de presentar y revisar una moción que se debatirá en el próximo pleno de la Diputación Provincial, en la que se hace un llamamiento urgente al Gobierno del Estado para que realice modificaciones necesarias en relación con aquellos que tienen contratado con la Mutualidad de la Abogacía el sistema de protección social alternativo al RETA o que lo han tenido.
La Diputada Provincial, Mari Carmen Pérez, justifica la propuesta como “un esfuerzo por garantizar una jubilación digna y justa para los profesionales de la abogacía”, y espera contar con el apoyo del resto de grupos políticos de la Diputación, y conseguir que se tomen “medidas concretas que beneficien a quienes han confiado en la Mutualidad de la Abogacía para su seguridad social”.
El Decano del Colegio de Abogados de Granada agradeció a la Diputada Pérez por su interés y su colaboración en este asunto vital para la comunidad legal de la provincia, ya que este problema afecta en mayor o menor medida a los 3.976 mutualistas que hay en Granada, así mismo planteó cambios en el texto presentado que aclaran diversos aspectos, ambos acordaron continuar trabajando juntos para abordar las estas cuestiones relacionadas con la jubilación de los abogados y promover un marco que respalde sus derechos y su bienestar
Hasta 1995, la Mutualidad de la Abogacía brindaba protección social obligatoria exclusiva para abogados, centrada principalmente en la jubilación. En ese año, se introdujo la opción de elegir entre la Mutualidad y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), marcando un cambio fundamental. En 2005, el sistema pasó de ser colectivo a individual, La pensión de jubilación de cada mutualista pasa a depender única y exclusivamente de sus aportaciones. Estos cambios llevaron a una variación significativa en las prestaciones esperadas, sin opciones de rescate de aportaciones. Además, optar por el RETA implicaba comenzar desde cero en la cotización, prolongando la vida laboral.
“Las reformas recientes y la falta de transparencia en la Mutualidad están perjudicando a los abogados, con pensiones insuficientes y una cobertura social deficiente. Se desconoce el número exacto de afectados en Granada, pero los datos indican que es un problema de relevancia social dada la alta representación de abogados en nuestra provincia” señala la diputada de IU. 
Entre las principales demandas, la moción pide al Gobierno que permita a los profesionales de la abogacía trasladar voluntariamente las cantidades cotizadas en la Mutualidad profesional al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Estas cantidades cotizadas deben computarse en el cálculo de las pensiones y prestaciones futuras, incluida la jubilación. 
En el caso de los mutualistas pasivos, se pide que se apliquen complementos a mínimos en sus pensiones hasta alcanzar el importe de pensión mínima, asegurando así su bienestar económico en la jubilación.
Por otro lado, se urge al Gobierno a evitar la equiparación fiscal de las cotizaciones y aportaciones realizadas en la Mutualidad al sistema alternativo al RETA con los planes de pensiones y ahorro complementario. Se busca evitar que los profesionales de la abogacía sean penalizados por su elección de sistema de protección social.
Y finalmente se solicita que se mejoren las condiciones de la jubilación parcial para los profesionales de la abogacía, brindando opciones flexibles que les permitan disfrutar de una transición más suave hacia la jubilación
Izquierda Unida está comprometida en garantizar que los abogados y abogadas de nuestro país tengan un futuro financiero seguro y justo después de años de dedicación y servicio a la sociedad, indica la diputada de izquierdas quien además, espera que haya unanimidad de todos los grupos políticos, y que el Gobierno del Estado considere estas propuestas “en beneficio de la comunidad legal y tome las acciones necesarias para mejorar la seguridad social y las condiciones de jubilación para los profesionales de la abogacía en el país”.