Mª Jesús Amate, coordinadora provincial de IU en la provincia de Almería, ha pedido que se paralice cualquier tipo de procedimiento administrativo orientado al desalojo de los asentamientos de trabajadores migrantes en Níjar hasta que no se garantice soluciones habitacionales a las cientos de personas que allí viven y advierte que “anteponer la estética a los Derechos Humanos causaría un daño irreparable a la imagen de Níjar en foros nacionales e internacionales”.

“Desalojarlos a las bravas, sin soluciones alternativas, sin mediar en su situación administrativa, solo va a trasladar unos kilómetros arriba o abajo el problema a la par que veremos imágenes que no tienen cabida en una sociedad democrática de derecho del siglo XXI” ha declarado Mª Jesús Amate, quien ha puesto en valor el trabajo de meses de su organización para que la Unión Europea tome cartas en el asunto, “desde visitas con europarlamentarios a los asentamientos hasta lo último, hace tan solo unas semanas que estuvimos en Bruselas tratando en la Comisión Europea la situación de extrema pobreza de trabajadores migrantes en Almería y Huelva, y es que el problema se tienen que atajar de forma trasversal y con perspectiva humana”.

Siguiendo la misma línea argumental, la coordinadora provincial de IU en la provincia ha sido muy crítica con las cajoneras habitacionales que está preparando el Ayuntamiento de Níjar que, “además de escasas, insuficientes y temporales”, no se muestran como una solución para Amate ya que, al exigir el pago por nómina, “deja fuera a la gran mayoría de los habitantes de los asentamientos, situación que conoce sobradamente la corporación nijereña y que vuelve a demostrar la falta de sensibilidad y empatía con quienes llevan conviviendo y trabajando tanto tiempo”.

Para la coordinadora de IU la solución pasa “obligatoriamente” por una actuación amplia coordinada “desde Bruselas hasta Níjar, pasando por el Estado y la Junta de Andalucía” y “sin perder de vista que hablamos de personas que llevan viviendo y trabajando en nuestra provincia más de una década, en algunos casos, que están una situación de extrema vulnerabilidad y que hay menores afectados de una forma directa”, porque “a nadie le gusta esos asentamientos, en primer lugar a quienes lo sufren día a día y viven sin servicios básicos y con la contínua incertidumbre de un incendio o un desalojo, y nuestra obligación como sociedad es darles una respuesta estable y humana”.