IU pide la dimisión del delegado de Salud por “devastar” la sanidad y “poner en riesgo la salud de la población”

Morillas: “El delegado tiene que asumir responsabilidades políticas por su negligencia, el gobierno del PP en la Junta de Andalucía está conduciendo la sanidad pública a una situación devastadora e incumple la legislación sanitaria”

La coordinadora provincial de Izquierda Unida Málaga, Toni Morillas, solicita la dimisión del delegado provincial de Salud de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos Bautista, a quien acusa de “una terrible negligencia política que está poniendo en riesgo el derecho a la salud de los malagueños y las malagueñas y que conduce a la sanidad pública a una situación devastadora”.

Morillas sostiene que “el delegado tiene que rendir cuentas y asumir responsabilidades políticas. La situación en Málaga es dramática y los datos que hemos conocido en relación con las listas de espera son intolerables. Sitúan en más de 93.000 personas a quienes sufren una demora de más de 60 días para obtener una primera cita con un especialista. Y fijan en más de 3.000 personas a quienes exceden el tiempo de espera para una operación quirúrgica, lo que hace que haya casi 100.000 personas en nuestra provincia a las que se les está vulnerando la ley que establece unos topes máximos”.

“Y si nos vamos al Hospital Regional, vemos que encabeza el ranking como el hospital andaluz con una mayor lista de espera para especialistas y el cuarto en cuanto a listas de espera para operaciones de toda Andalucía, con una espera media de unos 200 días”, detalla Morillas.

APOYO A LAS REIVINDICACIONES DE LAS PTIS

La coordinadora de IU muestra su apoyo al personal técnico de integración social (PTIS) que está en huelga indefinida desde el pasado 14 de noviembre y que ha convocado para mañana una nueva concentración de protesta a las puertas del edificio de la delegación de Enseñanza de la Junta de Andalucía en Málaga. “Hay más de 50 trabajadoras en los distintos colegios públicos de la provincia de Málaga y Andalucía es la única comunidad que no considera su trabajo como servicio esencial, por lo que les trata como un servicio complementario, lo que permite externalizarlo y que sean víctimas de la precariedad. Cuando se vulneran los derechos laborales de las PTIS también se está vulnerando el derecho de las niñas y los niños a recibir una educación de calidad”.