El diputado provincial, Ramón Galán, critica que el PP tampoco apoyara la moción de IU con una batería de medidas en defensa de la escuela pública, aprobada con el respaldo de IU y PSOE y la abstención de La Línea 100x100

El diputado provincial de Izquierda Unida, Ramón Galán, ha lamentado la falta de respaldo del Partido Popular en la Diputación de Cádiz a dos proposiciones defendidas hoy por Izquierda Unida “de gran interés” para la provincia. De un lado, la defensa realizada por IU Cádiz de que la Junta de Andalucía repercuta en los ayuntamientos lo recaudado en concepto de `Impuesto del depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos´, a la que obliga la Ley estatal de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Según explicó Galán, se trata de un impuesto que debe ser recaudado por los propios ayuntamientos pero que debe ser revertido a la comunidad autónoma; “pues bien, nosotros decimos que se nos devuelva a las entidades locales este dinero recaudado con programas finalistas para que los ayuntamientos podamos llevar a cabo inversiones relacionadas con la recogida de residuos en nuestros municipios”.

“Lamentamos profundamente -ha señalado el diputado provincial- que el grupo provincial del Partido Popular en la Diputación de Cádiz haya votado en contra de una propuesta que viene a redundar muy positivamente en todos los municipios de la provincia, con independencia del color político que tengan”.

Durante la defesa de la moción, el portavoz de IU defendió la vuelta de este dinero a las entidades locales para poder hacer frente de ayuntamientos con pocos recursos a los tremendos gastos que les va a ocasionar la adaptación a la conocida como ley de economía circular. Recordó Galán el coste tan alto que asumen los ayuntamientos por llevar los residuos a las plantas de Miramundo o a Las Calandrias, llegando a haber “mucha diferencia” según a la que se lleven. Además, apuntó la modificación de ordenanzas a la que se ven obligados los ayuntamientos para empezar a gravar el tonelaje y no la recogida como antes.

La moción rechazada solicitaba, además, asesoramiento por parte de la FAMP y de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos de la comunidad, priorizando a aquellos que, por su tamaño o debilidad económica, tengan mayores dificultades para ello; así como una línea de ayuda, con cargo a fondos Next Generation, para la puesta en marcha de la recogida selectiva de residuos.

Por otro lado, el alegato realizado por IU en el Pleno provincial en defensa de la educación pública ha obtenido el respaldo del Pleno, al contar la moción con los votos de la propia IU y del PSOE, así como la abstención de La Línea 100x100 y el voto en contra del Partido Popular, lo que ha dado como resultado la aprobación de la proposición defendida por Galán.

El portavoz de IU ha señalado que “estando inmersos en el periodo de matriculación en los colegios desde el pasado 1 de marzo hasta el 1 de abril, creíamos conveniente traer a la Diputación una moción para blindar la educación pública, para que se mire en primer lugar por la educación pública y no se destine la cantidad de recursos que desde lo público se utiliza para financiar centros privados”.

El diputado de IU ha destacado que existe “una anomalía en España con respecto al resto de Europa con la financiación que desde lo público se hace para financiar centros privados, y hemos dicho que tenemos que mejorar los centros escolares de titularidad municipal con los colegios de Educación Infantil y Primaria, que necesitan de inversiones que no son mejoras ni mantenimiento, sino que son obras necesarias para tener centros en condiciones óptimas; el Partido Popular ha votado en contra, pero afortunadamente, ha salido a favor gracias al voto a favor de IU y el Partido Socialista, y la abstención de La Línea 100x100”.

La propuesta aprobada insta a las administraciones públicas con competencia en materia educativa a que “se destinen más recursos al mantenimiento y rehabilitación de los centros educativos”, así como que se exija a la Junta que “atienda a las familias y ejecute las inversiones necesarias para que todos los colegios de la provincia estén en condiciones dignas”.

La moción hace una defensa de la educación pública, con medidas concretas como, solicitar, tanto a Gobierno central como a Junta de Andalucía, que se garanticen plazas públicas suficientes en los nuevos desarrollos urbanísticos, mediante la cesión de suelo público para la creación y apertura de centros escolares de titularidad y gestión pública; que se revise la normativa sobre conciertos educativos, de modo que, mientras subsistan, éstos tengan carácter estrictamente subsidiario, así como que, en los procesos de renovación de conciertos vigentes, se supriman todos aquellos que no se justifiquen por existir plazas públicas vacantes. Esto último implica, para IU, que “no se produzca el cierre de líneas de escuelas públicas en aquellas zonas donde simultáneamente se mantengan conciertos con la enseñanza privada”.

De igual forma, la moción que defendida por Ramón Galán, insta a ambos gobiernos a asegurar la extensión de la oferta de las familias de FP en la provincia de Cádiz, “poniendo freno a la progresiva privatización y encarecimiento de estas enseñanzas”, así como a garantizar que haya procesos de escolarización “transparentes, democráticos y que cuenten con la participación de los agentes sociales”, prestando especial atención a la escolarización de alumnado con necesidades educativas específicas y de compensación educativa, tanto en los centros públicos como en los privados concertados, mientras existan”.

Finalmente, la moción de IU aprobada insta, tanto a Estado como a Junta de Andalucía, a la eliminación del distrito único en aquellas poblaciones donde exista, al entender que “aumenta las desigualdades en los sistemas educativos, al aglutinar en centros a la población por status socioeconómico o por criterios ideológicos afines al ideario del centro, impidiendo el ejercicio, en condiciones de igualdad, del derecho a la educación”, además de pedir que “mientras se suprimen los conciertos, se establezca la obligatoriedad de solicitar en primera opción de matriculación al menos un centro público educativo para las familias que deseen que sus hijos o hijas estudien en un centro de la red sostenida con financiación pública”.