El Parlamento convalida una norma de urgencia que protege las competencias de los ayuntamientos andaluces, según el Estatuto de Autonomía

La Reforma del Régimen Local, aprobada "en la más triste soledad y sin negociación del resto de grupos políticos", según el portavoz de Izquierda Unida para asuntos de administración local, Juan Serrano ha tenido como logros más importantes “las dudas creadas, la falta de claridad,  junto al desorden e inoperancia en su aplicación en los 772 ayuntamientos de la comunidad Andaluza”.

Por ello, el Parlamento andaluz ha convalidado hoy el Decreto de urgencia por el que se protegen las competencias municipales en virtud de lo establecido en el Estatuto de Autonomía, impulsado por el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas.

Así, Serrano ha considerado que “motivo más que justificado” para apoyar este decreto ley, es que “se ampara y protege en nuestro Estatuto de Autonomía de la comunidad y su competencia exclusiva en materia de régimen local” en tanto respeta el artículo 149.1 y 149.18 de la Constitución y el principio de autonomía local.

“Y con unos objetivos muy claros y precisos” ha señalado Juan Serrano, tales como el estableciendo medidas que permitan a los ayuntamientos seguir prestando los servicios municipales, servicios sociales o los relacionados con educación, salud o consumo.

Valderas insiste en la paralización de la Ley de Reforma Local mientras se pronuncia el Tribunal Constitucional

El vicepresidente de la Junta ha subrayado que "es de enorme importancia valorar los pronunciamientos por parte del Consejo de Estado, que emitió un dictamen negativo en relación a esta ley, que argumenta que existen fundamentos jurídicos suficientes para que los municipios planteen conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional, y que priva a estos de cualquier capacidad de decisión".

Del mismo modo, el vicepresidente también ha comentado del documento del Consejo que la ley hace descansar en la junta de gobierno municipal la aprobación de planes económicos financieros en detrimento del plenario y añade que la ésta sólo tiene carácter ejecutivo y no responden a la representatividad del pleno.

El Consejo de Estado, ha explicado Valderas, considera asimismo contrario a la Constitución quitarle a los municipios menores de 20.000 habitantes sus competencias básicas y propias como son la recogida y tratamiento de residuos, el abastecimiento de agua potable, la evacuación y tratamiento de aguas residuales, la limpieza viaria o la pavimentación de vías urbanas y el alumbrado, entre otras.

Valderas ha señalado que todas estas consideraciones confluyen con la tesis del Gobierno andaluz que, junto con los ayuntamientos, defiende que la Ley de Reforma Local constituye una injerencia hacia los municipios y ataca el principio de autonomía local que se refleja en la Constitución.

"Resulta paradójico que los ayuntamientos presentan superávit, no tienen margen de endeudamiento y sin embargo se mantenga una suerte de obsesión contra los consistorios que son percibidos como la administración más cercana y más eficaz" ha argumentado el vicepresidente.

Valderas ha recordado durante su intervención que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos presentados contra esta ley por los parlamentos de Andalucía, Extremadura, Cataluña y Navarra, los gobiernos autonómicos de Asturias, Andalucía, Cataluña, Canarias y 10 partidos políticos, lo que según Diego Valderas haría que "pareciera juicioso que llevara al Gobierno central a la inmediata paralización de la reforma local, poniendo fin a las peligrosas consecuencias que tiene esta norma que ha llenado de duda e inseguridades al conjunto de los municipios de Andalucía."

El vicepresidente ha concluido pidiendo la convalidación del decreto con el objetivo de "proteger la arquitectura normativa andaluza, la autonomía de nuestros municipios y nuestra apuesta por la descentralización política y administrativa".