Entre las propuestas: garantía de plazas públicas suficientes, más recursos para el mantenimiento y rehabilitación de centros públicos, revisar los conciertos educativos para que sólo tengan carácter subsidiario, eliminación del distrito único o imposibilidad de cierre de líneas públicas mientras se mantengan conciertos en la misma zona

Izquierda Unida realizará el próximo jueves en el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz un alegato en defensa de la escuela pública a través de una proposición en la que plantea una batería de medidas encaminadas a reforzar la educación pública y a recalcar el carácter de la educación concertada, exclusivamente como “subsidiario”.

En este sentido, la moción que defenderá el diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, recuerda que, “de acuerdo con el mandato constitucional, corresponde a los poderes públicos la obligación de garantizar el derecho universal a la educación, no solo mediante la correspondiente planificación de la enseñanza, con participación de la comunidad educativa, sino también la de crear centros docentes públicos que permitan hacer efectivo el mencionado derecho”. Por el contrario, apunta la moción de IU, que, “en modo alguno se contempla en nuestra Constitución, ni en el derecho comparado, la obligación de financiar con fondos públicos la creación o funcionamiento de centros escolares privados, ni mucho menos el pretendido derecho a elegir centro por parte de las familias”.

Así, el texto registrado insta a las administraciones públicas con competencia en materia educativa a que “se destinen más recursos al mantenimiento y rehabilitación de los centros educativos”, así como que se exija a la Junta que “atienda a las familias y ejecute las inversiones necesarias para que todos los colegios de la provincia estén en condiciones dignas”.

La moción hace una defensa de la educación pública aterrizando en medidas concretas como solicitar, tanto a Gobierno central como a Junta de Andalucía, que se garanticen plazas públicas suficientes en los nuevos desarrollos urbanísticos, mediante la cesión de suelo público para la creación y apertura de centros escolares de titularidad y gestión pública; que se revise la normativa sobre conciertos educativos, de modo que, mientras subsistan, éstos tengan carácter estrictamente subsidiario, así como que, en los procesos de renovación de conciertos vigentes, se supriman todos aquellos que no se justifiquen por existir plazas públicas vacantes. Esto último implica, para IU, que “no se produzca el cierre de líneas de escuelas públicas en aquellas zonas donde simultáneamente se mantengan conciertos con la enseñanza privada”.

De igual forma, la moción que defenderá Ramón Galán, insta a ambos gobiernos a asegurar la extensión de la oferta de las familias de FP en la provincia de Cádiz, “poniendo freno a la progresiva privatización y encarecimiento de estas enseñanzas”, así como a garantizar que haya procesos de escolarización “transparentes, democráticos y que cuenten con la participación de los agentes sociales”, prestando especial atención a la escolarización de alumnado con necesidades educativas específicas y de compensación educativa, tanto en los centros públicos como en los privados concertados, mientras existan”.

Finalmente, reclama IU, tanto a Estado como a Junta de Andalucía, la eliminación del distrito único en aquellas poblaciones donde exista, al entender que “aumenta las desigualdades en los sistemas educativos, al aglutinar en centros a la población por status socioeconómico o por criterios ideológicos afines al ideario del centro, impidiendo el ejercicio, en condiciones de igualdad, del derecho a la educación”, además de pedir que “mientras se suprimen los conciertos, se establezca la obligatoriedad de solicitar en primera opción de matriculación al menos un centro público educativo para las familias que deseen que sus hijos o hijas estudien en un centro de la red sostenida con financiación pública”.

Sostiene Izquierda Unida que “la obligación social de los poderes públicos, debe ser garantizar el derecho a la mejor educación posible en todos y cada uno de los centros públicos, favoreciendo, además, la escolarización más cercana al domicilio familiar del alumnado. Por ello y para ello, todos los municipios y barrios deben contar con plazas públicas suficientes en centros dotados con todos los recursos necesarios para posibilitar que así sea”.

El diputado provincial señala que “España constituye una anomalía dentro del panorama europeo, dada la alta proporción de centros que, siendo de titularidad privada, reciben financiación pública a través de importantes subvenciones, y a ello se añade que la educación concertada segrega: la doble red de centros se ha convertido en estos años en garantía de desigualdad” -defiende.