Castro pide al PSOE que apoye la iniciativa de IU para “poner coto” a la “mal llamada” colaboración público privada

El portavoz del Grupo parlamentario de IU, José Antonio Castro ha señalado hoy, sobre el informe presentado por la Cámara de Cuentas de Andalucía que analiza las actuaciones público-privadas de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, que la formación de izquierdas comparte “plena coincidencia con la Cámara” porque “llevamos dos años y medio adelantándonos a las recomendaciones”.

Así Castro ha pedido al PSOE “una rectificación” y que apoye la proposición no de ley presentada la pasada semana por IU en el Parlamento. “Del PP no esperamos nada”, ha añadido.

Tras explicar que IU “no demoniza” el sistema de colaboración público privada, sí ha asegurado que “demoniza el expolio público privado” y que este informe “pone negro sobre blanco el expolio de la CPP del que ya había alertado IU”.

Por tanto, para IU el informe del órgano fiscalizador, “debe ser el punto y final de la mal llamada colaboración público privada en Andalucía” para las obras de infraestructura pues supone “un error histórico y es cosa del pasado”.

Por último Castro ha indicado que IU “llegó a tiempo a frenar todo lo que fue posible” gracias a la gestión en la Consejería de Fomento y Vivienda y “este informe nos da la razón en todo”.

La proposición no de ley registrada por IU en el Parlamento

El Grupo de Izquierda Unida registró el pasado jueves en el Parlamento de Andalucía una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno autonómico a “poner coto” a la “hipoteca abusiva e inasumible” que supone “la mal llamada colaboración público privada como método de financiación de las infraestructuras”, en palabras de su portavoz, José Antonio Castro. La PNL reclama al Gobierno andaluz en su conjunto “no establecer nuevos contratos de colaboración público privada para la construcción de infraestructuras si la decisión no va acompañada de una memoria justificativa” que incluya “modelos alternativos de financiación y una agenda clara de planificación, diseño, control y evaluación”.

“Con este sistema en realidad no hay colaboración; lo que hay es usura y expolio de la banca, de las grandes promotoras y constructoras y de los fondos buitre a las arcas públicas”, afirmó Castro, que puso como ejemplo de “racionalización y eficiencia” en la financiación de infraestructuras a la Consejería de Fomento y Vivienda, al “haber frenado siempre que ha sido posible” la aplicación de este sistema. Castro instó a “todas las consejerías que invierten en infraestructuras” a seguir este ejemplo “por responsabilidad con el dinero público de las presentes generaciones y las venideras”.

El portavoz de IU puso como ejemplo de los estragos económicos del “expolio público privado” el “error en origen” que supuso planificar los metros de Sevilla y Málaga por este sistema, lo que provoca un encarecimiento de ambos proyectos de 500 millones de euros, que “habrán de pagar durante 35 años todos los andaluces”. “Cuando Izquierda Unida entró a formar parte del Gobierno, era tarde para evitar este menoscabo”, señaló Castro, que destacó que “el extraordinario servicio público que prestan ambas infraestructuras sería de igual calidad si se hubieran financiado directamente con recursos públicos”.

“El Gobierno andaluz debe aportar durante 35 años hasta 4.000 millones para compensar a las empresas concesionarias de ambos metros. Es una barbaridad que no debe repetirse”, afirmó Castro. En este sentido, el portavoz de IU calificó como “acierto incontestable” de la Consejería de Fomento y Vivienda haber suspendido este mecanismo financiero para los 91 kilómetros de autovía previstos por colaboración público privada: Iznalloz-Darro, Purchena-A7 de la Autovía del Almanzora y Lucena-Estepa de la Autovía del Olivar. “Estos 91 kilómetros costarían 3.600 millones mediante la colaboración público privada y 900 con financiación convencional”, destacó Castro. “La diferencia es de 10 millones por kilómetro a 40”, ilustró el portavoz de IU.

Castro situó como “contraplano” de la financiación de los metros de Sevilla y Málaga otros proyectos sufragados directamente desde lo público como el metro de Granada y el tren tranvía de la Bahía de Cádiz, en los que la venta de títulos y la publicidad van a sufragar buena parte del precio del billete, “porque no hay que pagar un peaje extra derivado de los enormes costes que implica el modelo concesional”. “Su coste como servicio público será mucho menos oneroso”, afirmó Castro.

El “inmenso negocio” de la deuda pública

“La mal llamada colaboración público privada está envuelta en falsos mitos a los que la Administración pública no debe rendirse”, señaló Castro. “Es falso”, añadió, “que con este método las empresas sean las que asumen el riesgo. A la larga, todos los riesgos los asume la Administración. Y más con un artículo 135 que obliga ante todo y para todo a pagar antes a quienes viven del inmenso negocio de la deuda pública”.

También es “un falso mito”, dijo, que la colaboración público privada sea “el único mecanismo” para invertir en contextos de estrechez presupuestaria. En este sentido, puso como ejemplo la reactivación con fondos públicos de las autovías del Almanzora y el Olivar por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda, la que más que crece en el presupuesto de 2015 “tras haber situado sus prioridades de inversión” en sintonía con las líneas estratégicas de la UE, caso de la rehabilitación o la movilidad sostenible. “Y es falso también”, continuó, “que con este método no se acabe disparando el déficit”. “Decir eso es hacerse trampas al solitario, porque a largo plazo siempre paga la Administración”, afirmó.

Sólo ganan las grandes empresas y la banca

Castro afirmó que “el único pagador” del modelo es el contribuyente y “los únicos ganadores”, las grandes empresas y la banca. “La banca es la que aporta los créditos a las concesionarias, con unas condiciones y costes financieros cada vez más cuantiosos, que revierten al final en el pago de la Administración al concesionario: es decir, en el contribuyente”, explicó Castro.

En el actual contexto económico, tanto desde el punto de vista de las mayores exigencias en materia de restricciones presupuestarias a corto-medio plazo, como desde la óptica de las actuales condiciones del mercado financiero (crédito cerrado o con intereses elevados), la fórmula de colaboración público privada “es una fórmula inasumible no sólo para la Administración, sino también para las pequeñas y medianas empresas, sin músculo para jugar esta partida”. “El modelo concesional genera un coto cerrado de bancos y grandes empresas que exprimen a una Administración pública exhausta por la caída de los ingresos, los objetivos de déficit impuestos por Madrid y Bruselas y el corsé del artículo 135”, concluyó Castro.