El Parlamento andaluz aprueba la Ley para la Función Social de la Vivienda

Tras la votación del parlamento que ha aprobado la Ley para la Función Social de la Vivienda (#ViviendaPorDerecho), la consejera de vivienda, Elena Cortés ha señalado que Andalucía "tiene de nuevo un arma poderosísima en sus manos para defender el derecho a la vivienda, para desmercantilizar la vivienda, evitar desahucios y evitar esa terrible realidad que supone tener 700.000 viviendas deshabitadas".

Ha recordado que en julio de 2013, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "invocó a través del artículo 161.2 de la Constitución la suspensión cautelar de la ley antidesahucios ante el TC, con lo que el artículo que está recurrido del decreto ley el TC lo suspendió de forma cautelar sin entrar en el fondo, por esa prerrogativa que tiene el presidente de invocar la Constitución".

Cortés considera que el Gobierno central "tiene margen para no tener que presentar el recurso de inconstitucionalidad y negociar en el seno de la comisión bilateral" y ha explicado que el pasado lunes, hubo una reunión de esa comisión, tras lo que ha indicado que este miércoles la Junta ha mandado un escrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas donde plantea la disponibilidad de dirimir ese conflicto de competencias en el seno de la bilateral.

"Hay margen por parte del Gobierno central de explorar y continuar en ese cauce institucional de diálogo para no interponer el recurso", ha aseverado la consejera, quien instó al Ejecutivo central a "mantenerse en esa comisión bilateral", algo a lo que "está obligado legal e institucionalmente, pues somos gobiernos en pie de igualdad, y Gobierno central y comunidades autónomas somos Estado".

En ese sentido, insiste en aseverar que el Gobierno "está obligado a mantener ese cauce institucional, pues de negarse a ese cauce estaríamos ante la institución de un estado de excepción para Andalucía, al negar al Gobierno autonómico una comisión bilateral que es legalmente válida".

La consejera de IU espera que el Gobierno central "aproveche la aprobación de la Ley por parte del Parlamento andaluz, pues negar ello es plantear un estado de excepción para Andalucía".

"No es posible que personas jurídicas mantengan viviendas deshabitadas mientras que hay cientos de miles de andaluces que están pidiendo una vivienda a través de los registros municipales de viviendas" ha señalado Elena Cortés quien asegura que "no es posible que un derecho humano como es el derecho a la vivienda caiga en manos de los que lo quieren mercantilizar o en manos de fondos buitre”.