La Red de Educación de IU Cádiz ve una “arbitrariedad” la no ampliación del plazo de recogida de firmas de la ILP para la bajada de ratio

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Llama a la participación en la iniciativa y está convencida de que se conseguirá ampliamente el objetivo de las 40.000 firmas.

La Red de Educación de Izquierda Unida en Cádiz ha calificado de “arbitrariedad” la no ampliación del plazo de la recogida de firmas de la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) para lograr la bajada de ratio en las aulas públicas andaluzas.

La Red de Educación reitera que “la adecuación de la ratio de alumnado por aula es una medida clave, como instrumento necesario en los sistemas educativos para poder garantizar la inclusividad de los mismos y luchar contra el abandono escolar temprano y el fracaso educativo”, a la vez que entiende que se trata de “una medida imprescindible para permitir una educación personalizada y que realmente permita al profesorado atender a la diversidad”.

Recuerda la formación política que “el tamaño de la clase afecta a la cantidad de tiempo y atención que un profesor o profesora puede dar a sus estudiantes de forma individualizada, así como a las dinámicas sociales de interacción y aprendizaje entre los estudiantes” y añade que esta disminución de la ratio “es positiva no sólo para personalizar la educación de todos los estudiantes, para dar respuesta inclusiva a la diversidad creciente en las aulas, y especialmente para el alumnado con más dificultades, sino también es positiva para los y las docentes por la carga de trabajo y la atención que pueden realizar de forma individualizada”.

Para la Red de Educación de IU Cádiz, “el consenso social que existía a este respecto en la comunidad educativa se ha visto reforzado durante la época de pandemia, donde los modelos semipresenciales que, necesariamente, redujeron drásticamente el número del alumnado en las aulas, demostraron una mejora en la convivencia, en el aprovechamiento del tiempo escolar, la atención personalizada o en el trabajo efectivo de los y las docentes”. Y afirma que para que la educación pueda desempeñar su papel efectivo de instrumento corrector de las desigualdades sociales, como siempre se ha expresado en las declaraciones oficiales y leyes educativas, pasa indefectiblemente, por una reducción del número de alumnado que debe atenderse en cada una de las aulas de la escuela pública.

Recuerda IU que las recomendaciones de la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea, en materia de ratios, establecen que en la educación infantil se requiere una persona especialista por cada 4 bebés de 0 a 12 meses (1 /4); 1/6 niños de 12 a 24 meses; 1/8 niños de 2 a 3 años; 1/ 15 niños de 3, 4 años y 5 años. Por su parte, en las enseñanzas obligatorias (de 6 a 16 años) las aulas no deberían superar los 20 estudiantes por grupo-aula para poder dar respuesta a la diversidad del alumnado y desarrollar una educación más inclusiva y personalizada.

Por otro lado, llama la atención el área sobre el “empobrecimiento” democrático que supone poner trabas al desarrollo de un modelo de participación democrático como son las ILPs y apunta que asuntos como este dan lugar a la desafección política. “Es imprescindible fortalecer los mecanismos de participación política a todos los niveles; reforzar en la sociedad el interés por lo común, por la cosa pública. Y esta iniciativa es un ejemplo de ello, madres, padres, alumnado, expertos, profesorado, ciudadanía en general, que comparten el interés por la calidad de la educación expresada en una medida, la bajada de ratio, hoy con el descenso demográfico, más al alcance que nunca. Comunidad educativa, de forma mayoritaria que participa y reclama, cuando menos que esta cuestión se discuta en el Parlamento andaluz”.

Apunta finalmente, que “cercenar esta iniciativa sería un flaco favor a la profundización en un modelo de democracia participativa; si fomentamos el abandono de la participación, del interés por lo público, si fomentamos exclusivamente el interés por lo privado, como afirma el pensador polaco Tony Judt, estaremos abocados a no entender por qué hemos de valorar más la ley -el bien público por excelencia- que la fuerza”.

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