IU y Podemos consideran “urgente” que Diputación retome las negociaciones con los agentes sociales para consensuar la Oferta de Empleo Público

Sánchez: “Es imprescindible consensuar unas bases con los sindicatos y con los representantes de los trabajadores y que esa Oferta de Empleo Público no se materialice hasta que dichas bases estén consensuadas. Por eso nos sorprende tanto el anuncio del Diputado de Recursos Humanos en la última Mesa General de Negociación en la que amenazó con poner en marcha una Oferta de Empleo Público sin el acuerdo ni consenso de la parte social”

La coalición de izquierda Unida y Podemos en Diputación considera “urgente” que se retome la negociación entre administración y parte social, y que la prevista Oferta de Empleo Público “no empiece a andar sin el acuerdo necesario con el que tanto el Diputado como el Presidente de esta Diputación se comprometieron. Es imprescindible consensuar unas bases con los sindicatos y con los representantes de los trabajadores y que esa Oferta de Empleo Público no se materialice hasta que dichas bases estén consensuadas”.

“Por eso nos sorprende tanto el anuncio del Diputado de Recursos Humanos en la última Mesa General de Negociación, en la que amenazó con poner en marcha una Oferta de Empleo Público sin el acuerdo ni consenso de la parte social”, denuncia la portavoz de la coalición, Teresa Sánchez.

“Esta Diputación Provincial, como sucede en otras administraciones públicas, se enfrenta a una importante problemática de temporalidad. Tanto funcionarios y funcionarias interinas como personal laboral temporal llevan años prestando sus servicios en las distintas administraciones públicas sin que éstas les hayan dado la posibilidad de presentarse a procesos selectivos que les garantizaran mayor estabilidad laboral. Hablamos de un 30% de trabajadores y trabajadoras de esta casa que de media llevan más de 16 años trabajando de manera precaria y temporal para que los proyectos que plantean los equipos de gobierno vean la luz, ofreciendo atención directa a la ciudadanía y en definitiva trabajando para la Provincia de Málaga. Ha llegado el momento de que se le dé una solución definitiva”, apunta Sánchez.

En la Diputación Provincial “se vienen arrastrando” las Ofertas de Empleo Público de los años 2017, 2018 y 2019 “sin que aún se haya logrado un acuerdo sobre las bases de dichos procesos. Son numerosas las mesas de negociación que ha habido en estos últimos tiempos en las que se ha avanzado en diferentes cuestiones, pero que no terminan de cristalizar en un acuerdo”.

Otros entes dependientes del ente supramunicipal, como el Patronato de Recaudación o el Consorcio Provincial de Bomberos también se enfrentan a esta misa problemática.

“Sin embargo, vemos una clara diferencia en cómo se están produciendo los mismos procesos dentro de la misma administración pública. Son distintos organismos dependientes de esta casa los que vienen negociando con la parte social, con los sindicatos, las bases que van a regir las Ofertas de Empleo Público tanto del Patronato de Recaudación como del Consorcio Provincial de Bomberos, en esta última entidad además de la parte social, los distintos grupos políticos también estamos formando parte de una mesa técnica que se constituyó al efecto”, apuntan desde IU y Podemos.

La coalición subraya que “somos conscientes del fuerte movimiento social que se está produciendo en el ámbito de las Administraciones públicas en torno a la estabilización del empleo, y esta Diputación y sus entes dependientes no son ajenas a ello. En este contexto los agentes sociales implicados están instando a dichas Administraciones a realizar las modificaciones legislativas necesarias que permitan dar una solución definitiva a la excepcionalidad de alta temporalidad existente en las mismas y en aras de que permitan una estabilización del personal de larga duración”.

De esta forma, el grupo provincial de Izquierda Unida y Podemos, solicitará a la Diputación a que inste al Gobierno de España a modificar el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre), consensuando los cambios con los diferentes agentes políticos y sociales, en aras de la estabilización del personal de larga duración y a la mayor brevedad posible.