Izquierda Unida y CCOO manifiestan su “total rechazo” al proyecto de Decreto que con el que la Consejería de Educación y Deporte pretende convertir el servicio de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales (ANEE) y el de Interpretación de Lengua de Signos Española (ILSE) en un servicio complementario de la Educación, despojándolo de su “indiscutible” carácter de servicio educativo público.

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO en Huelva ha trasladado a Izquierda Unida su preocupación por este Decreto que “pretende seguir afianzando la privatización en la educación pública, con el que se va perjudicar tanto a las familias y alumnado que requieren esta atención educativa, además de precarizar y empobrecer a las y los profesionales de la enseñanza que lo realizan”, según explica la secretaria provincial de dicho sindicato, Marina Vega Jiménez. El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, declara al respecto que “compartimos y hacemos nuestras la defensa de estos servicios educativos, de sus trabajadoras y trabajadores y del alumnado afectado, por lo que llevaremos al Parlamento Andaluz iniciativas contra su privatización y que no termine siendo un servicio complementario”.

Izquierda Unida y CCOO recuerdan que la Ley de Educación de Andalucía (LEA) establece cuáles son los servicios complementarios de la educación, entre ellos, aulas matinales, comedores escolares, transporte escolar o actividades extraescolares. Así, la LEA “no contempla de ningún modo que el apoyo al alumnado con necesidades especiales sea un servicio sino que deja claro que esa atención y apoyo corresponde al profesorado y a profesionales con la debida cualificación” añade la responsable sindical.

El personal que ejerce las funciones de apoyo y atención, Técnicos de Integración Social (PTIS) e Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE), está compuesto por unas 2.200 trabajadoras y trabajadores en Andalucía, de los cuales, en torno a 800 son personal propio de la Junta de Andalucía, mientras que 1.400 trabajan con contratos por empresas privadas en los centros educativos, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE). En la provincia de Huelva hay unas 333 profesionales desempeñando esa labor educativa, 250 de ellas contratadas de forma externa.

Para la sindicalista “esto se agrava porque es personal altamente feminizado con lo que se agrava la situación de precariedad y temporalidad que sufrimos las mujeres trabajadoras. Con este Decreto la administración andaluza agranda la brecha de género y empobrece a las mujeres andaluzas aumentando su temporalidad e incrementando la inseguridad y la incertidumbre”

Tanto CCOO como IU coinciden en lamentar que, en la actualidad, el personal externalizado que conforma este colectivo laboral supere ampliamente al personal propio de la Consejería de Educación por lo que estas trabajadoras y trabajadores han protagonizado numerosas movilizaciones en toda Andalucía para reivindicar su inclusión como personal público. Además, denuncian que el personal externo sufre una enorme precarización laboral, pues el objetivo de las empresas no es otro que obtener beneficio, lejos de velar por la calidad de la educación.

Este personal que atiende al alumnado con necesidades especiales y garantiza el acceso a la educación de las personas sordas es estructural en los centros educativos donde desempeñan su trabajado, lo que ha sido corroborado por los tribunales, y ejerce su labor en las aulas bajo las directrices de la dirección y tutores y tutoras, por lo que resulta una “aberración” que la Junta siga mantenido su situación de precariedad laboral por no asumir su incorporación como personal público educativo.

CCOO critica que con el Proyecto de Decreto la Consejería pretende institucionalizar la contratación de forma externa, atribuyendo a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) dicha competencia para contratar, después de que la Intervención General de la Junta y la Cámara de Cuentas hayan advertido de que la contratación externa que se viene llevando a cabo es irregular. De esta manera pretende perpetuar la privatización en los centros docentes públicos.