La Ley de Transparencia supera el debate a la totalidad y entra a trámite parlamentario

IULV-CA atribuye “buenos augurios” para un Proyecto de Ley que “puede ser mejorado”

José Antonio Castro ha destacado que el Proyecto de Ley de Transparencia pública es una normativa "valiente" por la que todos los ciudadanos tendrán derecho a recibir la información de todo aquello que se pague con dinero público. Castro, encargado de posicionar al Grupo parlamentario de IU en debate de totalidad del Proyecto de Ley de Transparencia Pública que ha tenido lugar hoy en el Parlamento andaluz, ha asegurado que la transparencia debe ser la herramienta que prevenga de cualquier abuso de poder y se ha mostrado convencido de que con una normativa como está no sería posible un caso como el de los expedientes de regulación de empleo.

“Sería improbable que durante diez años se cometiera tamaña estafa sin que nadie la pusiera al descubierto utilizando la herramienta de la transparencia que ofrece esta ley". Castro ha apuntado que esta ley nace con "buenos augurios" y que IULV-CA va a trabajar desde el convencimiento de que "todo es mejorable".

Entre las posibles mejoras, el portavoz ya destacó en su día, cuando se conoció el proyecto, que la creación de nuevos órganos, como un Consejo de Transparencia y Protección de Datos y una Comisión Consultiva de Subvenciones y Ayudas, no agrada a IU y por ello aboga por mejorrar el texto, para un mayor consenso, durante el trámite parlamentario. IU defiende que las funciones de control sean asumidas por órganos de extracción parlamentaria tales como el Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas.

Castro ha hecho referencia a que ante una “democracia controlada e intervenida por la Troika, un incumplimiento sistemático de los programas electorales y un país inundado por la corrupción” es necesario el establecimiento de “nuevos mecanismos que aumenten la implicación política ciudadana y un mayor control de los representantes políticos”.

En cuanto a las diferencias con la ley estatal el portavoz ha alertado de que “de nuevo la ley andaluza supera las exigencias y principios recogidos en la norma estatal”  haciendo referencia a que este proyecto de ley “recoge un régimen sancionador riguroso” que la ley estatal no recoge, además de “un plazo más corto de contestación–plazo no superior a los 20 días-, la inclusión de las empresas privadas que reciben dinero público, un catálogo de información más amplio y la exigencia de informar de las agencias institucionales de los gobiernos”.