La portavoz del grupo parlamentario, Inma Nieto, señala que la supresión de trámites por parte del gobierno popular, sustituidas por "declaraciones responsables", elude controles imprescindibles para garantizar, entre otras cuestiones, la seguridad en los establecimientos.

Con la llegada del PP al gobierno andaluz se inició una revisión de toda la normativa autonómica encaminada a suprimir ciertos trámites que, a criterio de los populares, suponían trabas burocráticas. Los cambios introducidos en muchos casos han supuesto la sustitución de controles administrativos por declaraciones responsables. 

Con este documento, el interesado manifiesta bajo su responsabilidad que cumple la normativa, quedando para un momento posterior al inicio de la actividad la comprobación por parte de la administración. A pesar de los riesgos que entraña, en Andalucía se ha extendido su utilización como único requisito por parte de empresas y particulares que vayan a realizar desde obras hasta apertura de locales. 

El ejecutivo de Moreno Bonilla ya ha aprobado tres decretos de simplificación administrativa y la LISTA (ley de sostenibilidad territorial de Andalucía) abundando en la irresponsabilidad que supone el recurso excesivo de esta fórmula, que elude controles imprescindibles para garantizar, entre otras cuestiones, la seguridad, la salud pública, el respeto al medio ambiente y las condiciones idóneas en el desarrollo de actividades y la utilización de edificios.

La tragedia ocurrida en Murcia ha vuelto a poner en evidencia la necesidad de contar con procedimientos legales que garanticen la seguridad de cualquier tipo de establecimiento, así como un control por parte de la administración tanto antes del inicio de su actividad como una vez que los mismos se ponen en marcha. 

Por Andalucía reclama al ejecutivo de Moreno Bonilla la revisión de todas estas normas, y con especial urgencia del decreto que regula el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la comunidad autónoma. La modificación de este decreto, vigente desde 2018, está actualmente en tramitación, pero no toca ninguno de los artículos que indican los requisitos que deben cumplirse en el desarrollo de las actividades que regula y que solo requieren de la declaración responsable para su apertura.

Inmaculada Nieto, su portavoz, considera que lo sucedido en Murcia debe llamar a la reflexión al PP: “Hay que garantizar que los establecimientos cumplen con todas las normas y que son un espacio seguro para quienes los utilizan, trabajan en ellos o viven cerca. Y una mera declaración de su propietario no es suficiente, ni los ayuntamientos cuentan con recursos o personal para comprobarlo. Hay que modificar la normativa y poner recursos a su disposición”.