El coordinador provincial de IU Sevilla, Manuel Arregui, ha anunciado este miércoles que su organización comenzará una campaña en la provincia de Sevilla contra las "políticas represivas del PP" que buscan "acabar con los derechos constitucionales de libertad de reunión y manifestación" y que pueden llegar a ser "peligrosas para el futuro de la democracia". En es el mismo sentido denuncia que el PP "pretende imponer la ley del silencio con sumando las multas a otras tácticas represivas".

En rueda de prensa, Arregui ha señalado los aproximadamente 30 cargos de IU que han recibido propuestas de sanción, con importes que han llegado a los 30.000 euros, por participar en manifestaciones que se han producido en la provincia. Las manifestaciones, según ha indicado Arregui, no estaban solicitadas, pero "no había peligro de nada", y en ellas apareció la Policía Nacional para identificar a los participantes que han recibido una propuesta de sanción

"Ahora atacan al bolsillo de la gente", ha criticado Arregui, quien ha considerado "deleznable" esta táctica "vieja" que insta a "no tolerar". "Sin derecho de reunión no hay democracia y hay que combatirlo", ha asegurado.

De esta manera, la organización presentará mociones en ayuntamientos de la provincia y en la Diputación Provincial, prepara un acto el 17 de enero ante la Subdelegación del Gobierno, además de actos públicos en pueblos y en Sevilla capital, junto otro en la universidad que aún está sin determinar. De igual manera, esperan que estos actos tengan repercusión en el Congreso y crear conciencia en los ciudadanos que de forma "sibilina están perdiendo derechos".

Por su parte, el coordinador general de IU Andalucñia, Antonio Maíllo, ha mostrado su solidaridad a aquellos que reciben propuestas de sanción por manifestarse, una situación que se ha comprobado especialmente en Sevilla, pero que también está ocurriendo en otras provincias, y ha considerado que se trata de "una sutil represión a cada persona". Maíllo también ha querido mandar un mensaje al PP de que con estas acciones "van a reforzar sus convicciones".

Para Maíllo "esta deriva represiva es coherente con la dinámica destructora de derechos del PP", señalando que busca ser  "un mecanismo de desmovilización social ante el creciente rechazo social a las política que está poniendo en marcha el gobierno de Rajoy".