Desde el Área de Educación de IULV-CA se insta de nuevo a la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía a que dé marcha atrás en la implantación del llamado “pin parental”, contra el cual vienen posicionándose sindicatos, docentes y familias desde su inclusión el pasado mes de octubre en el acuerdo de presupuestos de PP-Ciudadanos-Vox en Andalucía. Asimismo, el Área demanda que el Gobierno de la Junta de Andalucía se posicione de manera contundente e inmediata contra este veto parental, dando por nulos todos los acuerdos en materia educativa con Vox.

El veto parental conllevaría la autorización expresa de las familias para participar en actividades complementarias, no sólo a las salidas fuera del centro, sino también a aquellas actividades desarrolladas dentro del centro en horario escolar. Además de suponer un problema más a la hora de planificar el trabajo docente, y de establecer diferencias entre alumnos, la medida expresa la nula confianza de las tres derechas en la autonomía de los centros y en la buena labor del profesorado.

Desde el Área se considera que el Gobierno de la Junta de Andalucía está jugando con el derecho a la educación del alumnado andaluz al calificar la medida, en palabras del consejero de Presidencia, Elías Bendodo, de “derecho a decidir”, o al manifestar el consejero de Educación Javier Imbroda que se están estudiando vías para su implantación “dentro del marco normativo”.

Según recuerdan desde el Área, la Constitución Española en su artículo 27.1 y 27.2 recoge el derecho a la educación como un derecho fundamental, que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, así como la libertad de enseñanza. El veto parental atenta contra el derecho a la Educación, además de contradecir la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia. Pero no es solo anticonstitucional sino que es contrario a la Ley Orgánica de Educación de 2/2006 de 3 de mayo en sus artículos 122.1, 125, 128.1, 129 y 132, así como a los principios recogidos por la LEA en sus artículos 4 y 5, que recogen el fomento de la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, y la superación de cualquier tipo de discriminación.

Desde el Área se recuerda que el derecho a la educación prima sobre esta censura educativa, ya que como ha sostenido la ministra de Igualdad Irene Montero,“los hijos de progenitores homófobos o machistas tienen el mismo derecho que otros niños a ser educados en el respeto y la promoción de los derechos humanos, en el feminismo, en la igualdad y en los valores que nos permiten tener una vida digna”. En este sentido, el Área saluda la rápida intervención de la ministra de Educación Isabel Celaá ante la implantación de la censura educativa en Murcia, a la hora de dotar de un marco de seguridad jurídica a estudiantes, familias y docentes que no quieren verse afectadas por medidas inconstitucionales.