El Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, comunicó la semana pasada a las Rectoras y Rectores de las Universidades Públicas Andaluzas su decisión de recortar en 135 millones de euros el presupuesto del sistema universitario público andaluz para la presente anualidad. Este «tijeretazo» implica una reducción del 10% con respecto al presupuesto inicial aprobado para 2020, afectando de lleno a los gastos corrientes de las universidades (personal, funcionamiento ordinario o actuaciones estratégicas). Este nuevo recorte viene a agravar la ya delicada situación de los campus universitarios andaluces, consecuencia de la prolongada infrafinanciación, e indudablemente repercutirá de manera directa y muy negativa en la calidad del sistema de educación superior en Andalucía. Así, con esta medida el gobierno andaluz de PP, Cs y Vox aboca al profesorado universitario a una mayor precariedad en sus condiciones laborales y a un incremento inasumible de la ratio en las aulas universitarias.

Además, el Consejero pretende que estos recortes sean asumidos por las propias Universidades, con cargo a sus remanentes no afectados, es decir, con los ahorros que éstas han ido realizando a lo largo del tiempo debido, por un lado, a la gestión eficiente y, por otro, al abono de parte de la deuda de la Junta con las Universidades realizado durante anteriores legislaturas y que tanto reclamaron los tres partidos que sustentan al actual Gobierno andaluz. Estos remanentes debieran destinarse a la implementación de proyectos de mejora de la educación superior, y no a sufragar gastos de funcionamiento ordinario de las Universidades. El uso de estos remanentes no afectados como medio para autofinanciar al sistema universitario andaluz podría llevar, en un corto período de tiempo, al colapso del mismo, dejando a las Universidades sin medios para afrontar situaciones sobrevenidas.

Este «tijeretazo» demuestra claramente que las Universidades Públicas andaluzas importan poco, o prácticamente nada, a la Junta de Andalucía, considerándolas poco menos que prescindibles. Así lo demuestra el hecho de que el presupuesto del sistema universitario público andaluz represente aproximadamente el 3,5% del presupuesto anual de la Junta, al mismo tiempo que se pretende que sufrague el 20% del Fondo de Emergencia Social y Económica. Desde el Área de Educación de Izquierda Unida Andalucía comprendemos y compartimos la gravedad de la situación de crisis sanitaria y económica actual, pero no podemos asumir bajo ningún concepto que los recortes recaigan de forma tan sumamente desproporcionada sobre el sistema universitario público andaluz, más aún cuando éste debería jugar un papel fundamental en la reconstrucción, reactivación y desarrollo económico y social de nuestra tierra a través de la I+D+i como motor dinamizador.

Por último, desde el Área de Educación de Izquierda Unida Andalucía deseamos destacar el marcado contraste existente entre las políticas en materia de educación superior del Gobierno de las derechas en Andalucía y las aprobadas e implementadas por el Gobierno de coalición. Así, mientras el primero pretende desmantelar progresivamente el sistema público universitario a través de un recorte de 135 millones de euros, el Gobierno central ha incrementado en 179 millones de euros las partidas destinadas a becas que garanticen el acceso de todos los estudiantes a la universidad en condiciones de equidad.