Desde el Área de Educación de IU Andalucía damos nuestro apoyo a las AMPAs y a los directores y directoras de los centros educativos de Andalucía, que a lo largo de la semana pasada se han pronunciado sobre las medidas de inicio de curso. Hacemos un llamamiento a familias y docentes para que se movilicen y exijan a la Consejería una adecuada planificación y una dotación de recursos suficiente para afrontar con garantías y seguridad la incorporación presencial del alumnado a las aulas el curso escolar 2020/2021.

Desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo, la comunidad educativa andaluza se vio obligada a afrontar un sistema de teledocencia con recursos insuficientes, sosteniendo a pulso el derecho a la educación del alumnado y padeciendo una falta de planificación que ha hecho saltar las costuras del sistema por la parte más débil. Durante meses, las familias, el alumnado, el profesorado, las directivas de los centros públicos… el conjunto de la comunidad educativa ha sostenido el derecho a la educación del alumnado con un sobreesfuerzo que no es de recibo exigirles de nuevo, ya desde el inicio del próximo curso escolar.

El Área de Educación de IU Andalucía reclama que la Consejería aprenda de la experiencia del curso 2019/2020, y tenga previsto un plan lo suficientemente ambicioso que permita garantizar un comienzo de curso seguro, que haga posible la incorporación presencial del alumnado a los centros educativos andaluces. Son muchas las familias que han expresado su estupor ante un regreso a las aulas sin una adecuada planificación, por los riesgos que supone para la salud de sus hijos e hijas, de ellas mismas y de familiares de edad avanzada o en situación de riesgo. En este sentido, apoyamos las reivindicaciones de las familias y de las AMPAS, que han llegado a plantear, como es el caso de FAMPA Nueva Escuela, que si se mantiene el plan de la Junta en estas condiciones aconsejarán a los padres y madres que no lleven a sus hijos a los centros escolares.

En los últimos días, los directores y directoras de muchos centros educativos de Andalucía se han pronunciado demandando a la Consejería de Educación que tome las medidas para una reapertura de los centros educativos en condiciones sanitarias seguras. Así se han pronunciado más de sesenta centros en la ciudad de Sevilla, y directivas y docentes de Coria del Río, Tomares, Camas, Aljarafe, Dos Hermanas… Una verdadera oleada de escritos a la Consejería de Educación advirtiendo de la imposibilidad de cumplir los protocolos COVID en las condiciones en que les demanda y sin una dotación de medios adecuados, de espacios, de infraestructuras ni de personal.

La Asociación de Directores-as de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares de Andalucía (ASADIPRE) manifiesta que no pueden “garantizar un entorno escolar seguro para el alumnado ni para sus trabajadores”. Y desde la Asociación de Directoras y Directores de Instituto de Andalucía (ADIAN) han expresado que los compromisos verbales del Consejero Javier Imbroda chocan con “la vieja de realidad de la planificación”, con ratios de 31-32 estudiantes por aula en la ESO y de 37-38 en Bachillerato, reducción de unidades o remilgos a la hora de conceder una nueva, carencias de medios… mientras no hay a la vista el prometido refuerzo en profesorado, personal de limpieza y recursos materiales. A esto debe sumarse que a día de hoy, aún no se ha dado respuesta al profesorado que solicitó no incorporarse a los centros educativos el día 1 de septiembre, por tratarse de personal con patologías de riesgo.

En la propuesta actual de la Consejería, toda la carga cae sobre los equipos directivos de los centros, que tienen la responsabilidad de elaborar un Plan de actuación COVID-19. Desde el Área de Educación compartimos con los equipos directivos que estos planes de actuación, que plantean serias dudas sobre la seguridad jurídica de los trabajadores y trabajadoras, deben ser responsabilidad de personal experto en procedimientos sanitarios, y antes de ejecutarse han de contar con el visto bueno y aprobación de la inspección educativa, de la unidad de Prevención de Riesgos Laborales y de la Secretaría General Técnica.

En cuanto a las elevadas ratios en los centros educativos andaluces, consecuencia del cierre de líneas en los centros públicos que año tras año se viene realizando por parte de la Consejería, compartimos la preocupación de la comunidad educativa y el escándalo que supone que se estén cerrando locales de ocio nocturno mientras se nos exige la apertura, sin medidas de seguridad suficientes, de colegios e institutos con entre seiscientos y mil alumnos y alumnas. Tal y como ha denunciado la Confederación andaluza de asociaciones de padres y madres del alumnado por la educación pública (Codapa), es vergonzoso que la Consejería de Educación “siga suprimiendo unidades de la escuela pública en plena pandemia como si no pasara nada”. En la misma tónica, el pasado jueves, como Izquierda Unida recibimos la visita en el Parlamento Andaluz de la plataforma de AMPAS de siete colegios de Córdoba en los que el gobierno andaluz ha cerrado líneas educativas, ignorando la demanda existente de matriculaciones, y derivando al alumnado a centros concertados (como ha sucedido en otras localidades: en el centro de Sevilla, en Cádiz o en Priego de Córdoba). Asimismo, denunciamos los efectos que puede tener para la salud la inadecuada climatización de muchas de las aulas andaluzas, masificadas ya ante la ausencia de esos prometidos refuerzos de personal docente, y donde más de una treintena de escolares deberán portar mascarillas al ser imposible mantener una distancia de seguridad. Ni que decir tiene que no se está dotando a los centros educativos de recursos ni de personal para abrir en condiciones de seguridad las aulas matinales ni los comedores escolares, servicios fundamentales para muchas familias y cuyo sostenimiento contradice los llamados grupos de convivencia.