Hace unos días, desde Izquierda Unida avisamos de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía estimó el recurso especial en materia de contratación interpuesto por una empresa privada contra los pliegos del nuevo contrato de Servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos (RSU), limpieza viaria y gestión del punto limpio en El Puerto, comúnmente conocido como el contrato de limpieza, y en consecuencia ha anulado el pliego de cláusulas administrativas particulares. Ahora, según la resolución, que cualquier ciudadano puede consultar en la web del tribunal, el ayuntamiento tendrá que corregir las irregularidades detectadas y deberá convocar una nueva licitación.

Echemos un poco la vista atrás. A las 8:30 de la mañana del sábado 30 de diciembre los miembros de la corporación estábamos convocados a un pleno extraordinario para aprobar este nuevo contrato, el más importantes de cuantos tiene el ayuntamiento por su cuantía (más de 170 millones de euros) y su duración (10 años). Los concejales de la oposición recibimos la documentación a las 23:53 horas del miércoles 27. Unos tiempos incompresibles para un contrato que lleva cumplido más de dos años.

Pero lo más grave de todo no es este atropello a la oposición, sino que la propia intervención municipal, en su informe oficial, dejaba claro “la falta de tiempo para estudiar la documentación y emitir los informes pertinentes”, diciendo literalmente que “no se ha dispuesto del plazo legalmente establecido para la emisión de informes habiendo sido recibida la documentación del expediente en la tarde del día anterior a la emisión y que por tanto no se ha dispuesto del tiempo suficiente para el análisis en profundidad del expediente”. Además, la intervención municipal dejaba clara sus diferencias de criterio con la Concejalía de Medio Ambiente, algo que desde IU advertimos que podía tener consecuencias.

No quedamos solos votando en contra de tal despropósito, pero no nos equivocamos, porque de aquellos barros estos lodos. La empresa que denunció el pliego lo hizo por un error en la formula económica y discrepancias respecto a la duración del contrato. Si las cosas se hubieran hecho bien, no deprisa y corriendo, quizás esto podría haberse evitado. Pero no ha sido así. El pliego ha sido anulado y la tramitación deberá empezar de nuevo. Los ciudadanos y ciudadanas seguirán pagando por un servicio deficiente que lleva más de dos años en precario, y la plantilla seguirá esperando sus mejoras salariales reconocidas en su convenio laboral. Alguien en el gobierno debería asumir la responsabilidad.