Permite dar cobertura a esta familia mediante la expropiación de la vivienda que le había sido embargada por Banesto

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado hoy la expropiación a la entidad financiera Banesto de la vivienda en la que residen Omar Abattouy, de 43 años, y Umkiltoun Sarroukh, de 33, marido y mujer, y sus cuatro hijos menores de edad, de 16, 15, 12 y 7 años. Residen en la calle Río Trueba, número 5, 1º A de Torremolinos (Málaga), en una casa de 55,62 metros cuadrados.

Esta expropiación es la segunda que culmina el Gobierno andaluz tras la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la Vivienda, impulsada por la Consejería de Fomento y Vivienda que dirige la compañera Elena Cortés, después de que ya se expropiara la vivienda de María del Carmen Andújar y su familia, residentes en Huelva. Hay otras 33 ya publicadas en BOJA y a la espera de llegar a Consejo de Gobierno. Existen además más de un centenar de expedientes iniciados que se irán publicando en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía conforme los técnicos completen todos los trámites previos.

Los dos miembros de este matrimonio, Omar y Umkiltoun, están desempleados y actualmente no perciben tampoco ninguna prestación. Sus únicos ingresos derivan de la ayuda de amigos y familiares y de la venta ambulante esporádica. Omar llegó a España en 1994 y pasó dos décadas trabajando en la construcción. Con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria él y su familia han quedado en situación de extrema vulnerabilidad.

Concretamente, el Gobierno andaluz ha declarado la utilidad pública de la expropiación del uso de esta vivienda durante un máximo de tres años. Ello permite dar cobertura a esta familia mediante la expropiación de la vivienda que le había sido embargada por Banesto.

Como requisito previo, la Consejería ha acreditado que esta familia se encuentra en riesgo de exclusión social, y que el desahucio amenazaría gravemente su integridad e incluso su salud. Esta familia también cumple todos los requisitos socioeconómicos establecidos de forma pública y transparente por la Ley de Función Social de la Vivienda, y que a grandes rasgos implican que los ingresos mensuales son inferiores a 540 euros y que la economía familiar ha sufrido un notable menoscabo desde la firma de la hipoteca.

La entidad financiera tiene 15 días para pronunciarse sobre el mutuo acuerdo. Si no acepta, el Gobierno andaluz actuará en defensa del derecho a la vivienda de esta familia y hará efectivos los trámites para ejercer la ocupación de la vivienda. La Consejería ha remitido al juzgado una notificación informando de este acuerdo, con el objetivo de que el desahucio no se ejecutara bajo ningún concepto.