"Consideramos un deber transponer los supuestos estatales a la normativa andaluza"

A propuesta del grupo parlamentario de Izquierda Unida, la Comisión de Hacienda y Administración del Parlamento andaluz ha aprobado por unanimidad "asegurar que cualquier mujer víctima de violencia de género que preste servicios a través de proceso de contratación de la Junta de Andalucía, tenga el mismo derecho sobre su movilidad labora como recoge la normativa estatal".

En este sentido, explica Elena Cortés, parlamentaria y portavoz en la citada comisión, "hemos aprobado por unanimidad adecuar de inmediato la normativa andaluza que regula la movilidad laboral por violencia de género a la Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género (BOE nº 295 de 10 de diciembre de 2015).

Cortés ha recordado que desgraciadamente es un hecho objetivo que en la Administración de la Junta de Andalucía hay empleadas públicas que sufren violencia de género de corte psicológico y/o de control. "Desde que en 2004 (a nivel estatal) y en 2007 (a nivel andaluz) se promulgó la ley integral contra la violencia de género, se han propiciado avances fundamentales  en la protección de las víctimas aunque aún nos queda mucho camino por andar".

Izquierda Unida hace referencia en su proposición no de ley al Informe del Grupo de Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial que inserta "propuestas muy importantes para avanzar en el marco laboral de las mujeres de la Administración autonómica". "No solo para erradicar las situaciones de violencia de género, sino también para avanzar y conseguir una protección real y efectiva de aquellas que la sufren, por encima de trabas burocráticas o de decisiones subjetivas que vienen a provocar situaciones de indefensión y desprotección frente a los agresores".

La parlamentaria de IU Andalucía reconocer el elevado grado de sensibilidad y compromiso existente en esta materia en todos los niveles de la Administración  y por ello, hemos aprobado asegurar respuesta adecuada a las situaciones de movilidad de empleadas públicas por razón de violencia de género. "Resulta oportuno disponer de regulación específica que precise las actuaciones a desarrollar y establezca el protocolo de medidas que deben adoptarse, en aplicación del precepto antes citado, reafirmando la agilidad con que deben tener lugar las actuaciones, y constituyendo un elemento de seguridad jurídica para la víctima”.

Una cuestión que parece simple "como son los medios de acreditación de las situaciones de violencia de género", supone un gran avance con respecto a la situación en Andalucía, dado que contempla en igualdad los cuatro supuestos para que las empleadas puedan acreditar encontrarse en esa situación.

En Andalucía las normas funcionan como un corsé, admitiendo un único supuesto para la acreditación de la situación de violencia de género para que la Administración pública autonómica contemple para sus empleadas su protección y movilidad, esto es,  “Resoluciones judiciales por violencia de género: documento acreditativo de la orden de protección, medidas cautelares, o sentencia condenatoria por violencia de género, cuando las medidas que establezca se hallen vigentes”. Consideramos, insiste Cortés, "un deber para con las empleadas públicas andaluzas transponer los contenidos de esa Resolución de la Administración del Estado".