Antonio Maíllo, portavoz parlamentario de IU Andalucía, ha presentado ante los medios de comunicación dos iniciativas parlamentarias registradas por IU en la que, por una parte, se solicita copia de las actuaciones desarrolladas de oficio y a instancia de la Federación de Asociaciones y Usuarios en Acción (FACUA), por parte de la Consejería de Salud, en relación a la campaña publicitaria realizada el pasado año por la empresa José Manuel Pascual Pascual S.A. a través de su web, los medios de comunicación y sus propias clínicas bajo el reclamo “Reducimos sus tiempos de espera”. Como segunda iniciativa, Izquierda Unida interpela a la consejería de salud de la Junta de Andalucía "sobre los motivos que la han llevado a hacer dejación de sus compromisos y dejar impune la citada campaña de publicidad”, explica Maíllo, "a pesar de ser declarada oficialmente por parte de la Junta como campaña improcedente y sancionable".

"Hemos conocido a través de FACUA Andalucía - explica el Portavoz de IU Andalucía-  que la Consejería de Salud ha archivado sin más el expediente sancionador que abrió a Clínicas Pascual por la publicidad fraudulenta con la que captó a pacientes del SAS durante meses pese a que no existía ningún concierto con la Junta". La administración - insiste-  ha eximido finalmente a la empresa de pagar una multa por infracción muy grave a la Ley General de Sanidad y ello, pese a que en su día confirmó que, tras haber apercibido al grupo sanitario, éste siguió contratando los anuncios durante casi dos meses en diferentes medios".

Izquierda Unida critica que la citada campaña "estaba enmarcada en una estrategia de presión para lograr que el SAS volviese a firmar un contrato con Clínicas Pascual para derivar a pacientes a sus hospitales". Desgraciadamente, apunta Maíllo, "el concierto fue suscrito por un importe de 380 millones de euros para la atención durante cuatro años en los hospitales de la empresa en las localidades gaditanas de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín".

Maíllo ha recordado que Facua Andalucía denunció hace año y medio a Clínicas Pascual, denuncia de la que se hizo eco IU en el Parlamento y que elevó a Pleno. Entonces se acusó a Clínicas Pascual de promocionarse bajo el reclamo: "reducir rápidamente los tiempos de espera" con el fin de atraer a pacientes en lista de espera del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

"Clínicas Pascual utilizaba de forma consciente y torticera las listas de espera con el único fin de captar clientes, aprovechándose de la necesidad, y en muchos casos de la ansiedad, que presentan muchos de los pacientes tras meses aguardando cita para ser operados. El consejero Aquilino respondió a IU en el Pleno (abril de 2016) y ratificó que se habían detectado distintas irregularidades y omisiones intencionadas en los anuncios, y remitió a la empresa un primer requerimiento. Dos meses más tarde, Clínicas Pascual seguía anunciándose en prensa impresa y digital.

Ahora, pese a las evidencias, la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Salud ha comunicado a Facua "el archivo de las actuaciones contra el grupo y ha desestimado la solicitud de la asociación de abrir expediente sancionador a la empresa con argumentos insostenibles: "Los reclamantes en un expediente de consumo carecen de la condición de interesado y de interés legítimo, dado que la resolución del oportuno expediente sancionador que se iniciara, sólo se derivaría una sanción pecuniaria contra el interesado denunciado".

IU pedirá explicaciones a la consejera y lamenta una vez más la pasividad y la inacción de las autoridades autonómicas ante casos en los que las irregularidades e infracciones resultan tan evidentes y acreditadas por los propios organismos.