El Plan andaluz de la Bicicleta es además una medida enfocada para crear 15.000 empleos hasta 2020 y rentabilizar toda su inversión en un año

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto del Plan andaluz de la bicicleta 2014-2010, que prevé la construcción de más de 1.000 kilómetros de vías ciclistas urbanas y metropolitanas, así como el desarrollo y consolidación de una red regional por lo que desde Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía queremos saludar la medida puesta en marcha por la Consejería de Vivienda pues a partir de hoy la bicicleta pasa a ser estratégica en la política de movilidad en Andalucía.

De ser anecdótica, la bicicleta pasa a formar parte de la planificación estratégica de nuestra tierra para fomentar un modelo de desarrollo sano de nuestras ciudades, apostando por la salud y la independencia energética.

De las palabras a los hechos

Tal y como recoge el acuerdo de Gobierno firmado entre PSOE e IULV-CA al inicio de esta legislatura,  por el que existía un compromiso de elaborar una Ley de Movilidad Sostenible donde se regulen las obligaciones de las distintas administraciones en el transporte público, se planteen los instrumentos que faciliten la movilidad sostenible de la población y se fomenten los medios de transporte no motorizados como la bicicleta, mediante la elaboración de un Plan Director del uso de la bicicleta, el Plan Andaluz de la Bicicleta supone un elemento novedoso y único.

En este sentido, Andalucía se sitúa por delante en política de promoción de la bicicleta, siguiendo el ejemplo de la ciudad de Sevilla en la que IU, en el tiempo en el que formó parte del Gobierno del Ayuntamiento, plasmó su impronta en ese modelo de ciudad, situando a Sevilla por encima de la media Europea en el uso ciclista. En este sentido cabe destacar que el Plan andaluz pretende seguir la línea emprendida en Sevilla y converger con Europa.

Por último, desde IU damos nuestra enhorabuena al equipo de gobierno de la Consejería de Fomento y Vivienda y a los trabajadores y trabajadores pues han demostrado que los procesos de participación para la elaboración de leyes no deben alargar los plazos comprometidos y así ha sido.