El portavoz de IU en materia de medio ambiente, Manuel Baena señala la necesidad de prohibir el uso de la técnica extractiva de la fractura hidráulica, dados los riesgos que conlleva para la salud pública y el medio ambiente y defenderá en el Parlamento la suspensión inmediata del otorgamiento de permisos y la vigencia de aquellos que ya han sido autorizados.

El debate de la iniciativa de IU será el próximo martes 28 de mayo en la Comisión de Medio Ambiente

La Plataforma Andalucía Libre de Fracking ha informado que mostrarán su apoyo en el Parlamento durante el debate y votación de la PNL

Los negativos impactos socio-ambientales son los principales motivos que tanto IULV-CA como la Plataforma Andalucía Libre de Fracking han esgrimido para solicitar al Parlamento andaluz que rechace esta práctica. Alegan “gravísimas consecuencias” para la salud humana que pudieran llegar a causar enfermedades cancerígenas, mutagénicas y del aparato reproductor; la destrucción del medio ambiente; la contaminación atmosférica tóxica y la fuga de gases de efecto invernadero. 

Además, la contaminación y toxicidad de las aguas subterráneas y de superficie que provoca el fracking “pone en riesgo la salud de la población y la actividad económica de las zonas afectadas”.

Manuel Baena, portavoz de IULVCA en materia de medio ambiente, ha advertido que “estas consecuencias son las grandes olvidadas en los informes que las empresas presentan para lograr los permisos para la investigación, estudio y prospección de este modelo de extracción por fracturación hidráulica”. 

Por estas razones, la Proposición No de Ley presentada por IULV-CA en el Parlamento andaluz y que finalmente será debatida el próximo martes en la Comisión de Medio Ambiente, solicita declarar la Comunidad de Andalucía como territorio prohibido de prospecciones y explotaciones de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica (fracking) así como paralizar cualquier avance en perforaciones y sondeos de proyectos de búsqueda de hidrocarburos y someterlos a la evaluación de impacto ambiental en los términos previstos por la Directiva de Impacto Ambiental y en el Real Decreto Legislativo 1/2008.