Apuesta por la participación ciudadana en el control de las cuentas y establece mecanismos contra la corrupción

>> Plantea la investigación a quien se financie con fondos públicos y la posibilidad de establecer sanciones

>> Introduce las privatizaciones y concesiones de la administración en su trabajo de fiscalización

La portavoz adjunta de IU en el Parlamento andaluz, Elena Cortés ha presentado hoy una Proposición de Ley para la reforma de la Cámara de Cuentas de Andalucía, el órgano fiscalizador de las cuentas públicas en la Comunidad que depende del Parlamento andaluz, texto que ha calificado de “ambicioso”, “un marco extraordinario para la transparencia” en el control del dinero público.

En rueda de prensa en sede parlamentaria, Elena Cortés ha explicado que se trata de la adaptación del reglamento de la Cámara de Cuentas a lo establecido por el Estatuto de Autonomía de 2007 en cuanto a que el órgano fiscalizador “no es un órgano técnico, como ha sido hasta ahora” sino que es un “órgano de control externo” que “actúa por delegación del Parlamento” y a la misma vez se trata de obligar a la Cámara de Cuentas a estar fiscalizada y sujeta a control externo.

Es la segunda vez que IU plantea este texto en la presente legislatura. La primera vez que fue registrado en el Parlamento, fue desestimado por la Mesa de la cámara por los votos en contra de los miembros de PSOE y Ciudadanos por lo que no pudo ser debatido para su consideración en el Pleno. Según ha explicado Cortés, el grupo de IU vuelve a presentarlo toda vez que el procedimiento de la Mesa para la admisión a trámite de las Proposiciones de Ley ha sido modificado y la Mesa ya no puede ejercer un veto sobre las propuestas de los grupos.

De otro lado Cortés se ha mostrado “sorprendida” porque en el balance que el líder nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, hace del pacto de gobierno que mantienen con el PSOE en Andalucía, “hayan dado por cumplida los compromisos de regeneración democrática entre ellos la reforma de la Cámara de Cuentas”, cuando esto es “evidentemente falso”. La portavoz de IU ha pedido al Grupo parlamentario de Ciudadanos que “esta vez no ponga impedimentos a la Ley y vote sí a su tramitación”, en tanto la modificación de Cámara de Cuentas se encuentra recogida en su pacto de gobierno con el PSOE.

El texto contempla que la Cámara de Cuentas pueda elaborar dictámenes en materia de lucha contra la corrupción y también se le otorga de capacidad para advertir y detectar nuevas formas y prácticas de corrupción política y administrativa. Por ello, Cortés ha considerado importante que la Ley emane del Parlamento porque “no creemos que tenga que ser el gobierno quien presente una Ley de reforma del instrumento que le controla” y en el caso de la Junta de Andalucía, “con mayor razón”.

Cortés ha explicado que con esta Ley, además de nuevas funciones como la observancia de la normativa ambiental y el equilibrio de género, se modernizaría el trabajo de la Cámara en tanto pone el énfasis en la fiscalización de sistemas informáticos de gestión, de personal, de contratos, de tramitación y se introduce a quienes se financian mayoritariamente con fondos públicos aunque sean entidades privadas. Además contempla las privatizaciones y concesiones desde el inicio del procedimiento “para poder advertir de forma temprana los posibles riesgos”.

Así mismo obligaría a la Junta a acelerar la rendición de cuentas para que la cuenta general esté fiscalizada cuando se presente el nuevo presupuesto.

Planificación

El texto que IU ha registrado en el Parlamento plantea la necesidad de planificar cuatrienalmente - una legislatura - y no de año en año como hasta ahora. De este modo, en una legislatura, se puede prever una visión más completa. El plan cuatrienal se desarrollaría en programas anuales de actuación pudiéndose incorporar a ellas las fiscalizaciones que se pidan por el Parlamento o por otros sujetos legitimados para instar a la fiscalización, por ejemplo el Gobierno, ayuntamientos o el Defensor del Pueblo.

En cualquier caso, dentro del Plan será la propia Cámara la que priorizase aunque el Parlamento debería ser quien aprobase ese plan cuatrienal. El objetivo para IU es que “se intente planificar una visión panorámica” del sector público andaluz y no sólo informar.

Redefinición de las relaciones con el Parlamento

Elena Cortés ha explicado que la nueva Ley, en caso de ser aprobada por el Parlamento, plantearía una comisión específica de la Cámara como existen, entre otros  en los parlamentos de Cataluña y Galicia, o como ocurre con el Tribunal de Cuentas en el Congreso de los Diputados.

Los informes se podrán seguir presentando ante las comisiones sectoriales del Parlamento, como hasta ahora, pero determinados asuntos se tratarían en la comisión específica, que será una comisión no legislativa, al estilo de la de la RTVA. Este asunto debería ser recogido en el reglamento del propio Parlamento.

Por otro lado, el texto faculta a la Cámara de Cuentas para que haga mociones al Parlamento por iniciativa propia, como actualmente hace el Tribunal de Cuentas. De esta manera, cuando la Cámara detecte algo que debe cambiarse en el funcionamiento de la administración se lo comunicaría al Parlamento para que éste haga lo que considere pertinente.

Deber de información y colaboración

El texto crea la posibilidad de poner multas, retenciones y sanciones disciplinarias por no colaboración en casos, por ejemplo, de Ayuntamientos y Universidades que no rindan cuentas ante la Cámara.

La organización de la Cámara

La Proposición de Ley presentada por IU también propone una revisión del modelo organizativo de la Cámara que pasaría por la eliminación de la Vicepresidencia y el renombramiento de Presidencia como Consejero Mayor. Se pasaría de un sistema presidencialista a uno colegiado, reuniendo las competencias principales en el Pleno.

Participación ciudadana, transparencia y control de la propia cámara

El elemento de mayor novedad recae sobre la intención de abrir vías para la participación ciudadana en el control externo. Así se contempla la posibilidad de que los ciudadanos insten a la fiscalización a través del Defensor del Pueblo, la posibilidad de hacer propuestas y sugerencias al programa de actividades anual e incorpora a los órganos de participación existentes relacionados con los servicios públicos como por ejemplo los consejos escolares o los consejos de participación de salud en la fiscalización operativa de los mismos.