El Pleno debatirá una moción de IU que insta al Gobierno a recuperar el servicio si comprueba que las empresas no cumplen los pliegos

El Pleno del Parlamento andaluz debatirá mañana una moción de IU Andalucía en materia de gestión telefónica de los servicios de emergencias del 061 y Salud Responde, en la que se reclama al Gobierno andaluz un control exhaustivo a las empresas concesionarias a fin de comprobar que se cumplen los pliegos de condiciones técnicas y administrativas y, en caso de verificar que no es así, rompa dichas concesiones y recupere el servicio. Además, la moción incluye que, al término de los contratos vigentes, la Junta proceda "a su gestión netamente pública".

El portavoz en materia de empleo del grupo parlamentario de IU Andalucía, José Antonio Castro, ha asegurado que estas concesiones son "el timo del tocomocho", ya que "el dinero que destina la Junta es desproporcionado para el coste que tienen estas empresas, que sólo pagan los salarios y el IVA del contrato, el resto lo pone la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)". En este sentido, Castro ha asegurado que si bien el pliego del 061 salió por 19 millones de euros el coste que tiene la empresa concesionaria, Conecta BTO, es de poco más de 6 millones, por lo que "esa empresa se lleva por la patilla más de 12 millones de euros limpios de dinero público por contratar a unos trabajadores que luego están dirigidos por personal de EPES".

En rueda de prensa, Castro a apuntado que IU espera que "sea aprobada esta moción en el Parlamento y que el Gobierno deje de guardarle las espaldas a estas empresas privadas y atienda a los acuerdos que adopta el Parlamento". Castro ha reclamado al Gobierno que, en caso de aprobarse dicha moción, "mueva ficha" de una vez, por que "sino estará estafando al Parlamento y estará estafando a los andaluces, regalándole dinero a estas grandes empresas con las que tan bien se lleva Susana Díaz".

Castro ha recordado que esta moción "solicita lo que ya solicitó el Parlamento de Andalucía a través de dos PNL que hacían referencia a estos servicios". Para Castro, la Junta debe reforzar las actuaciones de control y vigilancia para comprobar que, además de los pliegos de condiciones, las empresas concesionarias cumplan con las normas laborales básicas y cumplan los requisitos para la prestación de un servicio público de calidad.

Según el portavoz de empleo del grupo parlamentario, "estas empresas incumplen, y está demostrado, los pliegos de condiciones que firmó con la Junta de Andalucía, tienen informes de la Cámara de Cuentas donde se detalla que estas externalizaciones son un absoluto desastre en términos financieros y tienen requerimientos e informes por expedientes abiertos por el Defensor del Pueblo de Andalucía, que requiere que se internalicen los servicios".

Castro ha indicado que "estamos hablando de un deterioro del empleo que implica un deterioro en la prestación del servicio" y ha recordado que tanto Ferrovial, que tiene la concesión del 112, como Konecta BTO, concesionaria del 061, tienen desde el mes de abril resoluciones de la inspección de trabajo por incumplimientos de diversa índole, e Ilunion, concesionaria de Salud Responde, "mantiene a su plantilla es una situación extremadamente precaria, tiene ya más de 14 denuncias acumuladas ante la inspección de trabajo y fue condenada por lesionar los derechos de los trabajadores".