IU no descarta adoptar medidas judiciales y confía en que la actuación del PP no sea una maniobra “para instalar un CIE en Málaga”

El coordinador general de IU, Alberto Garzón, y el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, han mantenido hoy un encuentro con colectivos sociales y organizaciones implicadas en el seguimiento del encarcelamiento de refugiados en la prisión de Archidona por parte del Gobierno central. Tras el mismo, ambos han denunciado las “irregularidades en el procedimiento” en que ha caído el Gobierno del PP, y han incidido en la “vulneración de los derechos fundamentales” de estas personas, con especial atención al caso de los menores.

Para Garzón, esta es “la vulneración de derechos más clara en España por culpa de un gobierno del PP que ha dejado muy claro que entre sus prioridades no estaba el cumplimiento de los derechos fundamentales”. Garzón ha asegurado que IU “combatirá para que esta no sea una vía de entrada para instaurar un CIE en la provincia de Málaga”. Según el coordinador general de IU, la política del PP “es un ataque a la mera condición de personas” y ha denunciado que “son delito, ya no sólo por irregularidades del procedimiento, si no por el hecho de que menores de edad siguen estando en una cárcel compartida con mayores de edad”.

El coordinador general de IU ha recordado que el edificio “es una cárcel, no habilitada, en la que se ha detenido a personas, menores y mayores, sin ningún tipo de procedimiento judicial mediante y sin ningún tipo de garantía satisfecha”, por lo que IU no descarta adoptar medidas judiciales.

Por su parte, el coordinador general de IU Andalucía ha subrayado que el Gobierno “se ha saltado todas las leyes en el procedimiento de expulsión de los inmigrantes que había sido encarcelado” y ha incidido en el “trato a los menores”, con los se sigue “actuando de manera aberrante”.

Maíllo ha exigido a Susana Síaz que, si está en contra del tratamiento que se está dando a los refugiados, “lo demuestre y obligue a que los procedimientos de que las pruebas osométricas o radiológicas que se hagan en los centros de salud tengan un procedimiento que garantice los derechos de las personas, entre otros, que estén acompañados de letrados, lo cual no se está haciendo”.