Nieto: "El recurso del Gobierno es un informe para defender los intereses de accionistas e inversores privados"

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves una proposición no de ley presentada por IULV-CA y que ha contado con el apoyo del PSOE-A y el voto en contra del PP-A, en la que se pide que la Junta, a través de su gabinete jurídico, a dar traslado al Tribunal Constitucional (TC) de la información obrante en su poder, acreditativa de que la Abogacía del Estado ha presentado ante el Tribunal Constitucional un informe elaborado por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), con "datos falsos" en el procedimiento de inconstitucionalidad de la ley andaluza sobre la función social de la vivienda, recurrida por el Gobierno.

El Parlamento también requiere a la Junta la remisión de la documentación citada, al objeto de que los servicios jurídicos de la Cámara, que en su día alegaron contra el recurso, la aporten al TC para que oficialmente tome conocimiento también por esta vía de la "falsedad" de los datos, a los efectos oportunos en cuanto a la posible retirada de la suspensión cautelar y en cuanto a la sentencia que sobre el fondo del asunto se dicte en el futuro.

En defensa de la iniciativa, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha asegurado que estos datos "falsos" aportados por el Gobierno al TC han servido para fortalecer su posición contraria a la ley y que, razonablemente, cabe pensar que, sin ellos, "el TC no solo tiene mejores elementos de juicio con los que pronunciarse sobre el fondo del asunto, sino que también pudo haber adoptado otra decisión sobre la suspensión cautelar".

Asimismo, ha destacado que, como ya explicaran los servicios jurídicos del Parlamento en sus alegaciones contra la suspensión de la ley, la Sareb es una sociedad anónima en cuyo capital participan mayoritariamente entidades privadas, "cuya misión consiste en gestionar y vender los activos recibidos tratando de obtener el máximo valor por ellos".

"Por tanto, el incluido en el recurso del Gobierno es un informe de parte con el que se pretendía defender los intereses de accionistas e inversores privados", afirma Nieto, quien advierte de que la suspensión de la ley vino únicamente a garantizar los márgenes de ganancia de los accionistas e inversores de la Sareb.